En la última audiencia Sebastián Famar (sargento en la Policía Federal) negó haber abusado de la hija de su expareja cuando tenía 13 años y sólo se limitó a decir que prestaba ayuda a la niña y su familia. Para entonces ya sabía que Fiscalía pretendía para él una condena de 10 años, por considerar que los abusos sí existieron, que de acuerdo al Código Penal fueron gravemente ultrajantes, que dejaron un grave daño en la salud de la niña y debían considerarse agravados por la situación de convivencia. A tono con los dichos de su cliente, los defensores Ivana Salas y Fernando Echegaray Moya, pidieron la absolución.

Pero ayer el juez del caso, Federico Rodríguez, entendió que de las pruebas sólo se desprendió que el policía (actualmente en disponibilidad) había cometido abusos simples (manoseos) contra la menor y lo condenó a 3 años de ejecución condicional (sin encierro). Entre las condiciones que el magistrado le impuso para no ser detenido (siempre estuvo libre), se destacan: abstenerse de consumir alcohol y drogas, no molestar de ninguna manera ni acercarse a menos de 300 metros a la menor o a su padre.

Según la defensa, Famar no cometió abuso y aseguró que los daños en la salud mental de la niña tuvieron otro origen.

El caso había sido denunciado el 20 de julio del año pasado. Fue después de que la niña (hoy de 14 años) le comentara a una prima sobre los abusos sexuales que sufría a manos de la pareja de su mamá. Entonces esa otra chica le comentó la tremenda revelación al padre de la jovencita y, tras la denuncia, el fiscal Roberto Mallea y la ayudante fiscal Andrea Insegna, motorizaron una investigación que incluyó el relato de la niña ante psicólogos y las conclusiones de esos profesionales, testigos, el informe de un médico, entre otras evidencias que, a su entender, confirmaron los dichos de la víctima.

La defensa había cuestionado la acusación, sobre todo los informes y la pericia psicológicas porque entendieron que la menor estaba atravesada por una historia bastante conflictiva, con problemas alimenticios y trastornos de personalidad que impedían atribuir el daño en su salud mental a ataques sexuales que, de todos modos, negaron tajantemente. Ahora, impugnarán la sentencia.