La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones con sede en Mendoza, confirmó el procesamiento sin prisión preventiva que dictó el juez Leopoldo Rago Gallo, contra un empleado judicial provincial y su hermano comerciante a quienes les atribuye un millonario fraude contra al menos 12 personas. Entre todos pagaron $1.360.000 entre setiembre de 2.013 y junio de 2.104 por lotes en Santa Lucía, que nunca pudieron obtener. Y no pudieron porque el empleado judicial usó documentos falsos para poder concretar la maniobra: el poder general que supuestamente le habían dado los dueños de los lotes, los certificados de supervivencia de ambos (siendo que uno de ellos había fallecido) y el plano de mensura, que también tenía firma falsa de un funcionario, dijeron fuentes judiciales.

La resolución de los jueces Gustavo Castiñeira de Dios y Alfredo Rafael Porras, representó una adhesión para la fiscalía y la parte querellante, representados por Oscar Adárvez, quién también denunció las irregularidades que complican ahora al empleado judicial Juan Carlos Obredor Balmaceda y su hermano Juan Manuel, precisaron.

Todo se inició con la denuncia, el 7 de julio de 2013, del escribano contratado para hacer la subdivisión parcelaria de esos lotes. Fue después de que le advirtieran que uno de los dueños, Orlando Adárvez, había fallecido. El escribano aseguró haber pedido explicaciones a Obredor y este le dijo que sí vivían, que estaban en el Sur y que se los traería para ratificar el poder de venta que le habían dado.

Pero las cosas se complicaron. Los DNI usados para realización de ese poder eran falsos, como también las firmas asentadas en ese documento y en los certificados de supervivencia, en el que además figuraba una firma apócrifa de una policía. También era falsa la firma de un funcionario en el plano de escrituración.

Obredor negó haber cometido delito alguno y se limitó a decir, aún públicamente, que él también había sido estafado por una pareja que él creía el matrimonio Adárvez Palacios, pero de los que nunca aportó datos para poder identificarlos, según consta en el fallo de los camaristas mendocinos.

Su hermano tampoco pudo zafar. Este sospechoso dijo que sólo le daba una mano al judicial, sin tener conocimiento a fondo de la operación, pero varios testigos lo señalaron como parte activa de la maniobra, pues dijeron que atendía el teléfono y hasta les mostraba los lotes.

El problema ahora es qué pasará con el delito de estafa, que no habría tenido ningún avance desde que el juez federal decidió que era de competencia provincial, precisaron las fuentes.