Miguel Angel Tapia (22) junto a su defensor, Federico Petrignani. El caso quedó en una situación complicada a causa de una prueba falsa en medio de la investigación por el crimen.

El 4 de marzo de 2017, a las 00,30, María Bugueño (49) conversaba con una sobrina en la puerta de su casa en la Villa El Salvador, Chimbas, cuando recibió un tiro. A unos 50 metros al Norte, en el cruce de Neuquén y Entre Ríos, terminaban de desfilar murgas y comparsas del Carnaval, cuando la gente se alteró, hubo gritos, piedras, corridas y un sujeto con un arma a la carrera detrás de otros, hasta que efectuó un disparo. La bala era para Dante "Chicho" Funes o alguno de sus tres amigos, pero se coló en el abdomen de María Bugueño y no hubo marcha atrás, la mujer murió el 10 de marzo. Hoy, a casi 2 años de aquel crimen, el análisis del caso quedó dividido: el fiscal José Eduardo Mallea y la abogada de la familia de la víctima, Sandra Leveque, pidieron 12 años de prisión para el único acusado, Miguel Angel Tapia (22) miembro de la comparsa "El Fortín" de la Villa Observatorio, Chimbas.

En la vereda opuesta, el defensor Federico Pretignani, pretende que los jueces Maximiliano Blejman, Eugenio Barbera y el subrogante Ernesto Kerman (Sala III, Cámara Penal) anulen todo. ¿La razón? alegó que la causa se basó en vicios de carácter absoluto que obligan retrotraer todo desde cero: los apremios ilegales que -aseguró- aquella vez sufrió su cliente a manos de un grupo de policías de la Seccional 17ma. y el armado de testimonios para encajar esos dichos con una prueba falsa: un revólver calibre 22 que le plantaron a Tapia en la Costanera.

Que el arma fue plantada surgió de las escuchas telefónicas ordenadas por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, en una causa por drogas que derivó en un escándalo, porque esos mismos policías de la 17ma. terminaron procesados y están presos, sospechados de comerciar drogas, liberar zonas por lo menos a un narco y tener ilegalmente marihuana y balas en la comisaría.

Los policías son el comisario Rodolfo Oscar Andrada (48), el oficial ayudante Franco Gabriel Cristofoletti (29), el cabo Martín Leonardo Tello (41), el agente Juan Alberto Poblete (47) y el agente Juan Antonio Figueroa (38).

Este último agente quedó además complicado por tener ilegalmente en su casa 3 DNI y acopiar balas sin autorización. Y el comisario Andrada procesado por extorsionar a un preso.

Para el juez se probó que comerciaban drogas con Juan Francisco Ramos Olaya (32) del Lote Hogar 59.

"Todos esos policías están procesados por apremios ilegales contra mi defendido para que se haga cargo del crimen, el mismo Funes dijo que ante él lo hicieron confesar y también dijo que a él lo golpearon. Están procesados por falsificar el acta de procedimiento por el arma que le plantaron", dijo Petrignani.

Y agregó: "este expediente está totalmente contaminado y viciado, jamás vio una nulidad tan grande, tan clara y con tantas pruebas, deberían incluirla como ejemplo de lo que es una nulidad a los estudiantes de Derecho. Es una situación tan paradigmática de irregularidad policial que me afecta no sólo como defensa técnica, sino también como ciudadano".

Petrignani solicitó al tribunal que, en caso de no prosperar su primer reclamo, se considere que no está acreditada la autoría de su cliente. Y que se lo absuelva, lisa y llanamente.

Fiscalía y querella se opusieron al planteo de nulidad. Y ahora el tribunal deberá tomar una decisión que no será sencilla, pues si prospera el reclamo defensivo el acusado quedará libre y la investigación quedará seriamente comprometida.