"Estoy de acuerdo con lo que se ha leído", fue lo único que dijo el excalabocero Sergio Rubén Rabaj (45), cuando le preguntaron si diría algo sobre el juicio abreviado que logró a través de su defensor, Maximiliano Orozco, con la fiscal Silvina Gerarduzzi, sobre un hecho que terminó con su carrera policial: el crimen del detenido José Leónidas Cortez (54), ocurrido en los calabozos de la seccional 6ta, donde fue a parar la noche del 13 de diciembre de 2010, luego de que lo sorprendieran abusando de una nena de 7 años en el Parque Municipal de Rawson. Cortez era alcohólico y sufría osteoporosis, enfermedad clave en el desenlace trágico, porque al ser atacado sufrió 14 fracturas en sus costillas y otra en un brazo, que lo sentenciaron.

Tal como anticipó este diario, el caso cerró ayer con un abreviado para los dos calaboceros de aquella vez. El más complicado, Rabaj, admitió en ese pacto con Fiscalía (que recalificó los delitos) haber cometido apremios ilegales y homicidio preterintencional, que se configura cuando el autor sólo busca lesionar o causar un daño en la salud, pero no matar. Y ratificó su intención de recibir 3 años 6 meses de prisión, más 7 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, no irá a prisión, porque se computará el tiempo que antes estuvo preso: 2 años, 4 meses y 15 días. En un primer juicio, recibió perpetua por torturas seguidas de muerte. Pero la Corte anuló ese fallo, absolvió a otros dos policías condenados por apremios ilegales y ordenó un nuevo juicio, sólo contra Rabaj y el agente Carlos Alfredo Godoy (35).

Este último aún es agente y relevó a Rabaj a las 7 de la mañana del 14 de diciembre. Quedó complicado porque anotó en un libro que recibía la guardia "sin novedad", cuando eso no era así porque Cortez ya estaba muerto. Godoy siempre dijo que Rabaj le ordenó asentar eso en el libro. Y en el primer juicio fue absuelto.

A través de su defensor, Gustavo de la Fuente, Godoy acordó la pena de 1 año y 3 meses, y una inhabilitación de 2 meses para ejercer cargos públicos, por falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de sus deberes como funcionario. Tampoco irá a prisión, pero su futuro laboral peligra: si los jueces Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Martín Heredia Zaldo (Sala I, Cámara Penal) aceptan el acuerdo y los condenan, podría ser echado.