Preceptora acusada de falsificar documentos: "Yo estaba recibiendo órdenes"
Natalia Arroyo rompió el silencio y si bien aceptó culpa en el hecho, aseguró que cumplia con órdenes de la supervisora, directora y vicedirector de la escuela.
Natalia Arroyo rompió el silencio y si bien aceptó culpa en el hecho, aseguró que cumplia con órdenes de la supervisora, directora y vicedirector de la escuela.
"Yo soy una simple preceptora. No soy nada más que una simple preceptora", dijo con la voz quebrada Natalia Arroyo, luego de ser condenada a tres años de prisión en suspenso y además, quedar inhabilitada por 6 años para ocupar cargos públicos. Esto por adulterar y falsificar legajos, registros, planillas, títulos y diversas documentaciones para permitir el ingreso irregular e ilegítimo de alumnos al establecimiento. Junto con Patricia Fabiana Salvatierra, directora de la Escuela de Campo Afuera, de Albardón.
Arroyo admitió su culpa mediante un juicio abreviado y tras recibir su sentencia, por la que no irá a prisión, rompió el silencio. "Yo estaba trabajando y recibiendo órdenes. La supervisora fue con una persona y nos dijo cómo llenar los papeles porque nosotros no sabíamos", continúo.
Visiblemente nerviosa y conmovida por la situación, la preceptora sostuvo que "la supervisora me dejó llenando los libros, ella debió hacerlo, por eso aparece mi firma".
También agregó que la supervisora y el vicedirector del establecimiento deberían estar en el banquillo de los acusados. "Él se lava las manos y todos sabían lo que pasaba en la institución", resaltó.
"No no los conocía a los alumnos. Me estaba enterando de todo esto. La gente que me conoce, saben quién soy y sino pregunten", cerró.
Por su parte, Patricia Fabiana Salvatierra, directora de la escuela, negó los hechos por lo que deberá permanecer en prisión de manera preventiva por el término de un mes. El fiscal Iván Grassi había solicitado 3 meses. Sanz decidió que lo cumpla en el Penal de Chimbas.
Todo salió a la luz el pasado sábado, gracias a una denuncia radicada el 23 de abril en la unidad Fiscal de Delitos Especiales. Allí se establecía que, gracias a estas maniobras irregulares, los alumnos podían obtener la graduación y títulos del Ministerio de Educación de la provincia sin haber cumplido con los requisitos básicos de asistencia o aprobación de materias.
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