Que la madre del nene (entonces de 5 años) siempre estuvo al tanto de las múltiples extracciones que le harían, porque tenía un proceso infeccioso en encías y dientes que comprometía su estado de salud en general. Que la misma mamá fue la que sugirió la intervención quirúrgica y buscó el quirófano. Que le tomaron muestras para hacer un aparato que conservaría los espacios dentales para la llegada de las piezas definitivas en el niño (le sacarían las temporarias afectadas), pero nunca fueron a retirarlo. Que no se apartaron de los procedimientos odontológicos y legales para la intervención, que era necesaria para el futuro saludable del menor. Esas fueron parte de las principales razones esgrimidas por las odontólogas María Romina Pellice (37) y María Gabriela Rafaela Puigdongolas Cámpora (44), cuando les tocó defenderse de la acusación de lesiones culposas, que les atribuyeron el fiscal Carlos Rodríguez y el abogado de la familia de ese niño, Leonardo Villalba, por sacarle 10 dientes de más, porque habían programado una cirugía para sacarle una sola muela aquel 14 de septiembre de 2017 y no tenían el consentimiento informado de los padres, a quienes nunca les explicaron que habría más de una extracción. Una perito oficial analizó luego cada uno de los 12 dientes extraídos, y concluyó que dos estaban en condiciones de ser eliminados, otros 6 podían ser tratados y salvados, y cuatro estaban completamente sanos. Por eso, los acusadores pidieron 3 años de prisión en suspenso y 4 de inhabilitación para ejercer la profesión. El defensor Fernando Castro entendió que sus clientas no cometieron delito alguno y solicitó la absolución de ambas. Ahora, podrá reclamar ante la Corte de Justicia.

El pasado 29 de noviembre el juez Ricardo Esteban Moine condenó a las profesionales a 1 año y 6 meses sin detención y les aplicó 3 años de inhabilitación para trabajar como odontólogas. Y ahora se conocieron las razones que tuvo para condenarlas y considerar que fueron "negligentes y actuaron con impericia", pues se trataba de una intervención programada y no urgente ni necesaria, y porque en el juicio no se probó que hubieran informado ni obtenido el consentimiento de los padres para hacer esas extracciones, además de no preparar al niño para esa situación.

Es más, el magistrado ordenó enviar a la Fiscalía en turno copias de un odontograma "con enmiendas y el uso de un corrector", para que se investigue si se cometió o no algún delito, como el de falsificación de documentos, indicaron fuentes judiciales.

Según los padres, tras la operación el chico bajó de peso, sufrió regresiones, tuvo dificultades para expresarse y padeció las humillantes burlas de otros niños.