Se sospechaba que empuñó un gran cuchillo de carnicero. Que con esa arma, en un tono prepotente y con algunos tironeos, se despachó con amenazas de muerte para obligar a su pareja. Se sospechaba que, de esa manera, aniquiló cualquier resistencia de la joven para someterla sexualmente. Se sospechaba que la tuvo toda una noche cautiva, sujeta a su voluntad, y que recién al otro día, a eso de las 9 de la mañana, su madre llegó con una copia de la llave de la casa que ambos compartían en Chimbas, para poder rescatarla, claro está, en compañía de la Policía. La consecuencia para ese joven desocupado no pudo ser otra: aquel 8 de octubre de 2018 terminó preso.

Pero dos años después y ya con fecha de juicio en la Sala I de la Cámara Penal, quienes se encargaron de analizar cada circunstancia de aquel caso llegaron a conclusiones muy distintas a las que se habían planteado inicialmente. Porque en la misma declaración de esa supuesta víctima estaban contenidas una serie de explicaciones muy alejadas de las graves sospechas.

Si el juez acepta el acuerdo de juicio abreviado, el acusado podría salir de prisión

¿Cuáles? la más saliente fue el hecho de que la supuesta víctima admitiera durante la investigación, que "no había sentido como una violación" la enésima relación sexual con quien había sido su pareja durante 8 años y con el cual tuvo una nena. Y que ella había accedido a tener sexo con él alrededor de "media hora" después de que él "le insistiera", para que no la molestara más y se fuera de la casa.

El supuesto delito de la privación ilegítima de la libertad que se creía configurado, también quedó en la nada. Según fuentes judiciales, la joven dijo que, alrededor de las 23 del 7 de octubre de 2018, el sospechoso cerró la puerta con la única llave que tenían y la ocultó, que luego de violarla le quitó su teléfono celular y le cambió el patrón de acceso para que no pudiera pedir ayuda. Y que durmió a su lado toda la noche, sin intentar escaparse de la vivienda por otro lugar o intentar pedir ayuda a sus vecinos.

En su mismo relato -según voceros del caso- aseguró que a la mañana del día siguiente, él le dio el teléfono, se lo desbloqueó y pudo hablar un rato con su madre, a quien le describió la conflictiva situación que había atravesado y le pidió rescatarla.

Por todas esas razones fue que, al llegar a juicio y revisar a fondo el expediente, la fiscal del caso, Marcela Torres, entendió que cabía modificar la situación legal de ese sospechoso, pues de todos los delitos que le atribuían entendió que habían suficientes elementos de prueba sólo para el caso de la coacción, es decir la amenaza a punta de cuchillo contra la joven.

El acusado junto con su defensora de Romina Vargas Chirino, consideraron apropiada y "justa" esa modificación y accedieron a un acuerdo de juicio abreviado, en el que el sujeto acepta cumplir una pena de 3 años de prisión efectiva por el delito de coacción.

Y así lo ratificó ya ante el juez Martín Heredia Zaldo (Sala I, Cámara Penal), quien ahora deberá resolver si acepta o no ese planteo. Si lo hace, la ley le prohíbe aplicar un castigo mayor.

Si el juez le aplica la misma condena, el acusado podría empezar a salir pues en los casos de condenas de 3 años, se puede acceder a la libertad condicional, precisaron voceros del caso.