El juez Martín Heredia Zaldo (Sala I, Cámara Penal) puso fin ayer, con su fallo, a un caso polémico: aceptó el acuerdo de juicio abreviado que le propusieron la Fiscalía y la Defensa con el imputado, para condenarlo a 3 años de prisión efectiva, sólo por el delito de coacción agravada contra su expareja, dijeron fuentes judiciales. Así, ratificó la intención de las partes de eliminar de la acusación otros delitos mucho más graves: haberla tenido cautiva toda una noche en la casa que compartían y haberla obligado a tener sexo, en otras palabras, haberla violado. Mañana ese joven, no identificado para preservar a su hija menor, cumplirá 2 años preso, pero pronto podrá acceder a la libertad condicional, indicaron los voceros.

El caso se había resuelto de esa forma porque en el expediente figuraba una declaración de la joven, en la que aseguraba que ella había accedido a tener relaciones después de "media hora" de que él le insistiera, y que "no había sentido como una violación" ese contacto sexual.

Tanto apoyo tuvo el acusado, que hasta la propia madre de esa joven se comunicó con este diario para salir a defender a su exyerno: "Yo soy mujer y entiendo lo de la violencia de género, pero cuando no hay nada de eso no pueden hacer de una discusión de pareja todo el daño que hicieron, porque acá el único dañado no es sólo él, que ya va a llevar dos años preso por algo que no hizo, mi exyerno nunca violó ni secuestró a mi hija", dijo la mujer, que pidió reserva de su nombre.

Todo pasó entre las 23 del 7 de octubre de 2018 y las 9 del día siguiente, en Chimbas. El ahora condenado hacía 8 años que estaba en pareja con la madre de su nena, pero para ese momento la relación entre ambos se había desgastado y ella quería separarse.

Aquella vez, luego de compartir una cena con una hermana de ella, volvieron a la casa y la joven le planteó otra vez que quería separarse. Fue entonces -según el expediente- que él tomó un gran cuchillo de carnicero y amenazó con matarse si lo dejaba. También la amenazó a ella, indicaron.

Ese fue el único delito que la fiscal Marcela Torres, igual que el juez, creyeron probado. Y el único que el acusado y su defensora, Romina Vargas Chirino, admitieron como cierto.