Que se revoque la prisión preventiva del empresario Carlos Hugo Cassab (73) y que el juez de Garantías Matías Parrón, deje de intervenir en la causa por tomarse atribuciones que la ley le prohíbe, como suplir la "insuficiente justificación" de la Fiscalía a la hora de pedir el encierro preventivo de su cliente, por el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Los defensores Marcelo Fernández y Franco Montes, pretenden que el Tribunal de Impugnación tome esa decisión en el escandaloso caso de presunta prostitución de una chica de 14 años, que involucra a su cliente, al reconocido exfuncionario, exfutbolista y actual dirigente social Roberto "Fido" Galván (49) y la tía de esa menor, de 32 años, señalada como quien promovía y facilitaba el comercio sexual. Todos fueron detenidos el último jueves, tras la denuncia de la madre de la niña, y el domingo el magistrado les dictó prisión preventiva por 15 días.

La declaración de la menor en Cámara Gesell es clave para el futuro procesal de los acusados

En su apelación, la defensa recurrió a las mismas palabras del magistrado para cuestionarlo. "Debo destacar en primer término, que no estoy totalmente convencido en los argumentos esgrimidos para esbozar el peligro de fuga o entorpecimiento u obstáculo en el proceso, no obstante ello, de acuerdo a la naturaleza del hecho investigado, a las convenciones y tratados internacionales (...) es pertinente y corresponde mantener la prisión preventiva de los imputados", había dicho el juez, quien admitió que, por la provisoria calificación del hecho con respecto a Cassab y Galván (abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez de la víctima, con penas mínimas de 3 años) eventualmente correspondería una condena en suspenso.

El planteo se conoció ayer, cuando el juez Parrón dio inicio a la audiencia de adelanto de prueba en la que los fiscales Valentina Bucchiarelli y Francisco Micheltorena, pretendían pedir que Cassab deje de estar detenido en el hospital Marcial Quiroga y pase al Penal de Chimbas, y se dé luz verde a la producción de una prueba clave: la declaración de la menor en Cámara Gesell.

Aunque el apartamiento o no del juez lo decidirá otro tribunal, la fiscal Bucchiarelli igual se opuso al planteo de recusación por extemporáneo y por constituir un "ataque gratuito a la investidura" del magistrado, a quien pidió aplicar un llamado de atención o apercibimiento a los defensores. Tras escuchar a las partes, el juez suspendió la audiencia hasta que se decida si debe o no seguir en el caso.