"(...) Ha quedado por demás probado que la vida de Valeria Noemí Robles culminó por la negligencia, omisión y desatención del ginecólogo y obstetra, Ricardo Daniel Ortiz, a quien esta no sólo le confió su vida, sino también la de su bebé. Y no fue sólo una vida trunca, porque acá se dañó la vida de tres niños que quedaron sin su madre y una familia que quedó absolutamente devastada". La frase pertenece a la fiscal Claudia Salica y, entre otras expresiones, fue pronunciada ayer al momento de fundamentar por qué pedía el máximo de inhabilitación para ejercer su profesión, 10 años, para ese médico que llegó a juicio acusado de provocar la muerte de una instrumentadora quirúrgica con hipertensión, a quien atendió durante su embarazo y el parto por cesárea, que estaba previsto para el 20 de agosto de 2018 y que, por la enésima crisis de tensión arterial, se adelantó para el 16 de ese mes. Luego de dar a luz, la víctima sufrió otro pico hipertensivo, sufrió un ACV hemorrágico y perdió la vida 3 días después en el hospital Rawson.

Además de la prohibición para trabajar como médico, la fiscal pidió 3 años de prisión sin encierro por el delito de homicidio culposo. La abogada de la parte querellante, María Cristina Naveda, adhirió al pedido de Fiscalía y resaltó también la "negligencia, la imprudencia y la inobservancia de los deberes a su cargo" por parte del profesional.

La fiscal Claudia Salica y la abogada María Cristina Naveda pidieron que sea condenado a cumplir el máximo de inhabilitación. El juez Ricardo Moine decide.

Para los acusadores quedó más que probado que la mujer perdió la vida porque si hubiera sido atendida en un lugar con cuidados intensivos, se podría haber salvado. "Si Valeria hubiera estado monitoreada, al solo ruido de la alarma se podría haber revertido el cuadro, pero eso quedará sólo en la hipótesis, porque a Valeria no se le dio esa chance", aseguró la fiscal Salica, mientras remarcaba que el médico "minimizó" otros picos hipertensivos que tuvo la mujer antes de aquella crisis letal, lo que dejaba planteado que la situación era grave, más aún teniendo en cuenta las estadísticas nacionales, que reflejan que una de cada cuatro mujeres en situaciones similares al momento de dar a luz pierden la vida.

La víctima fatal del caso, Valeria Noemí Robles.

"ABSOLUCION"

Federico Aguiar, abogado defensor, pidió la absolución luego de cuestionar el planteo de los acusadores. Dijo que "no había nexo causal" entre el ACV hemorrágico letal de la víctima y la conducta de su cliente, a la cual calificó de "correcta y adecuada". El mismo profesional había dicho que durante sus 30 años de experiencia como ginecólogo, participó de más de 1.000 nacimientos y cientos de casos de embarazadas hipertensas, sin problemas hasta el caso de Robles, al que definió como "una fatalidad", porque "estadística y científicamente" está probado que luego del parto, los síntomas tienden a estabilizarse.

El profesional aseguró también que él le dijo que podía atenderse en un centro con terapia intensiva, y que la misma paciente resolvió quedarse en la Clínica Mayor, donde no hay aparatos ni drogas para casos como el que terminaron con su vida. Pero Diego Salinas negó que el médico les hubiera informado de esas alternativas por las que hubieran buscado que su tercer hijo naciera en otro lugar, donde ella se podría haber salvado tras el parto. El juez de la Unidad Conclusiva de Causas, Ricardo Moine, decide.