El juez Guillermo Adárvez procesó con prisión preventiva y embargó bienes por $200.000 a Sebastián Merino (22) por considerar probado que la noche del 2 de abril pasado se aprovechó el estado de vulnerabilidad de una mujer con discapacidad, de 35 años, para violarla basándose en el informe médico de las lesiones, los dichos de la víctima e informes psicológicos. Hasta ahí parece el relato de un caso más de abuso sexual, pero el asunto levantó polvareda en una polémica judicial con trasfondo político.

El fallo no está firme. Fiscalía y defensa apelarán. Es más, Falcón dijo que pedirá la destitución del juez.

Por qué judicial

Porque en opinión del fiscal Carlos Rodríguez, el caso es nulo y no debió prosperar pues la denuncia debió ser instada por la propia víctima, porque es mayor de edad y aún un juez no define con un fallo su estado de discapacidad que amerite una curatela, es decir ser representada por otro en sus actos, dijeron fuentes judiciales. Públicamente, Rodríguez dijo también que la mujer manifestó su intención de no denunciar. El defensor de Merino, Antonio Falcón, adhirió a ese planteo con un agregado: dijo que ella tuvo ‘relaciones sexuales consentidas’, pero eso no fue dicho por la joven (lo negó) y tampoco por el imputado, que se abstuvo de declarar, se indicó en el fallo del juez. En otra presentación, Falcón y no su defendido, aseguró que su cliente negó haber tenido sexo con esa mujer a la que conoció por Facebook en 2015.
El juez rechazó ese planteo porque consideró que la víctima firmó la denuncia en la Policía. Y porque más allá de eso, hay una declaración oficial del Gobierno sobre su discapacidad. Al punto de que el diagnóstico de sufrir ‘psicosis de origen incierto, trastorno de personalidad e inestabilidad emocional’, fue base para que quede asentada en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad desde el 7 de abril de 2016, dijeron fuentes judiciales.

Por esa opinión oficial basada en el informe de una junta de profesionales, es que el juez sostuvo que la chica debe ser considerada ‘vulnerable’, pues al no trabajar y atravesar numerosas internaciones en instituciones, incluso psiquiátricas, en los últimos 15 años, es alguien que debe ser cuidada o tener guardador, función que cumplen sus padres.

Por qué político

El otro frente de cuestionamiento contra Adárvez fue la ‘amistad manifiesta con uno de los interesados’ que le endilgó Falcón (de origen Radical) al magistrado, por haber tenido un pasado de militancia en el Partido Bloquista, del que Castillo fue diputado. También cuestionó que decidiera procesar a su cliente sin esperar que un tribunal superior decida si él debe o no seguir en la causa.

Sin embargo el juez rechazó también este planteo. Según los voceros, argumentó que el exlegislador ‘no es ni víctima ni damnificado y tampoco interesado’, pues este último concepto se reserva por ley para ‘el imputado, el ofendido, el damnificado y el civilmente responsable’. También dijo que al no apartarse, podía seguir en la causa y resolver.

Rodríguez y Falcón ya anticiparon que apelarán. Es más, el defensor dijo que pedirá un juicio político para destituir a Adárvez.