El 19 de junio de 2020 el pueblo de Rodeo, Iglesia, quedaba conmocionado por la detención de Luis Montaño (33) y su pareja Glenda Aciar (25): ella mencionada como anzuelo para atraer a su amante Rubén Darío 'Merluza' Quiroga (50) y actuar como cómplice en el espeluznante homicidio de ese hombre, que fue asesinado a golpes, destruido con fuego y terminó con sus restos en el fondo de un pozo ciego entre la noche del 23 de mayo y las primeras horas del día siguiente de aquel año. El 29 de junio pasado, poco más de dos años después, un tribunal resolvió liberar a la joven y apartar por segunda vez a un juez del caso. ¿La razón? No haber cumplido con dos requisitos exigidos a todo juez penal por la Constitución Nacional en favor de los derechos de un imputado. A saber: no haber investigado la coartada de la sospechosa (dijo que actuó obligada) y no haber determinado si fue o no víctima de violencia de género tal como ella lo mencionó, una obligación que incluso está contemplada en tratados internacionales a los cuales adhirió nuestro país.

Fueron los jueces Silvina Rosso de Balanza, Maximiliano Blejman y Juan Bautista Bueno (Sala II, Cámara Penal) los que revocaron parcialmente la decisión del juez penal de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Jáchal, Eduardo Vega, quien había mantenido el procesamiento con prisión preventiva de Aciar y Montaño por coautoría en un homicidio agravado, dictado por el juez anterior, Javier Alonso. Este último había sido apartado del caso por adelantar opinión; luego fue destituido como juez por negligencia, morosidad y no cumplir los deberes a su cargo.

Leonardo Miranda, defensor de Aciar, y María Noriega (por Montaño) habían apelado la decisión del juez de Jáchal. El tribunal desestimó el planteo de Noriega porque consideró que, por fallas formales, no debieron concedérselo. En consecuencia, Montaño sigue procesado.

La suerte de Miranda fue distinta porque los jueces entendieron que el juez debió haber averiguado si era cierta o no la versión de la imputada. En su relato, Aciar dijo haber sido víctima de su pareja, sobre todo desde el momento en que este descubrió su infidelidad; también contó que fue obligada a actuar como anzuelo de su amante y también como cómplice en el homicidio.

El nuevo juez del caso deberá investigar esa versión y no descuidar la perspectiva de género, como obligación ineludible a la hora de considerar si se vulneraron o no derechos de la imputada como mujer, indicaron fuentes judiciales.