Las Asesoras de la Niñez Laura Romarión y Patricia Sirera explicaron que la nena fue informada y consintió la interrupción legal de su embarazo.


Por primera vez en San Juan una víctima de violación de más corta edad, 11 años, fue sometida a la interrupción legal de un embarazo no querido, ocurrido a causa -se sospecha- de las sucesivas violaciones cometidas por su padrastro de 42 años en el pobre rancho de Rawson donde vivían, además, su madre de 29 (también detenida) y una hermanita de 5 años. El peligro de que la nena muriera fue otra de las razones legales (las contempla el artículo 86 del Código Penal) para someterla ayer en la mañana a una ‘microcesárea’ en el mayor hospital público de la provincia, el Guillermo Rawson, explicaron las asesoras de la Niñez Patricia Sirera y Laura Romarión, quienes asumieron la representación legal de la nena tras la detención de su madre.


El caso estalló el 28 de marzo pasado, cuando una docente sospechó y llevó a la nena a un centro sanitario. Ese mismo día, quedaron presos su padrastro y su madre, aunque ahora el juez del caso, Alberto Benito Ortiz, ordenó pericias psiquiátricas a la mujer para saber si comprende o no la criminalidad de un acto, indicaron fuentes judiciales.


La interrupción legal del embarazo en la nena generó de inmediato repercusiones mediáticas a nivel nacional, como también críticas desde los sectores ‘provida’, principalmente desde la Iglesia Católica (ver página 9).


Según Sirera y Romarión, en el caso en cuestión se dieron los dos supuestos legales para proceder de acuerdo a los lineamientos que ya había fijado la Corte Suprema de Justicia (ver aparte), porque la niña había sido víctima de un ataque a su integridad sexual. Y porque se entendió que el avance de esa gestación pondría en riesgo la vida de la niña.


‘Peticionamos la interrupción legal de su embarazo como único método para evitar un daño irreparable en la salud de la víctima (física, mental, social). Consideramos (...) que los riesgos biomédicos relacionados con el embarazo y el parto en niñas de escasa edad, como el de nuestra representada, anticipa la posibilidad de muerte materna, infecciones, eclampsia, fístula obstétrica, parto prematuro y mortalidad neonatal que deben evitarse tempestivamente’, argumentaron las asesoras.


En el país, una niña embarazada por una violación es habitual. Según un informe de Unicef del año 2017, cada 3 horas una nena de entre 10 y 14 años tiene un bebé (8 nacimientos diarios, 2.787 por año), generalmente concebidos por abusos sexuales y la constante de que esas niñas recién acceden al sistema de salud al momento del parto.

La Corte Suprema también lo avala

El 13 de marzo de 2012, en un fallo histórico, la Corte Suprema de la Nación resolvió, por unanimidad, que toda mujer (insana o sin problemas mentales) que haya quedado embarazada a causa de una violación, podrá someterse a un aborto sin autorización judicial y que por eso no podrá ser castigada, como tampoco el médico que concrete esa práctica, el que sólo deberá pedir constancia de que la gestión es fruto de un ataque sexual. Los lineamientos de ese fallo fueron los que se respetaron ayer en San Juan.


Aquella vez, la Corte con el voto conjunto de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni, y los votos individuales de los jueces Enrique Petracchi y Carmen Argibay, avalaron un fallo de Chubut, a favor de la interrupción legal del embarazo de una chica de 15 años que, en 2010, fue violada por su padrastro expolicía y quedó embarazada.


La Iglesia dio un mensaje con su posición 

La Iglesia Católica emitió un comunicado, firmado por la Comisión de Justicia y Paz y por el arzobispo Jorge Lozano, que tituló ‘Cuidar las dos vidas, siempre‘, manifestándose así en una posición contraria al aborto. El comunicado completo fue: 


‘El aborto provocado esta mañana (por ayer) a una niña de once años con más de cuatro meses de embarazo nos ha conmovido y entristecido. El atropello cometido a su integridad en el ámbito familiar, la violación, el abuso, son experiencias de horror que nos deben cuestionar como sociedad. Un drama semejante no se soluciona con otro drama. El derecho pisoteado de la niña embarazada no se restituye vulnerando el derecho a la vida del niño por nacer. Sucesos de esta envergadura ameritan serenidad y ponderación porque está en juego la vida de seres humanos. Esperamos que el Estado y aquellos a quienes compete hacerlo, así como han obrado rápidamente frente a este penoso suceso, actúen de la misma manera condenando a quien se juzgue haya sido el violador, y también a quienes hubieran encubierto este aberrante hecho. Entendemos que hay que cuidar las dos vidas, siempre. Porque vale toda vida‘.


El comunicado está en sintonía a unas declaraciones recientes del papa Francisco: “Me pregunto, antes de la ley civil y antes de la ley religiosa, en lo humano, ¿es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema?”.