Una fiscal se opone a que un presunto pedido ilegal de plata atribuido a tres policías contra el padre de la joven madre asesinada de 163 puñaladas en Pocito, quede en la nada con el sobreseimiento por prescripción ya declarado por el tribunal que debía enjuiciarlos, es decir por la decisión de considerar vencido el plazo para investigar y condenar a un sospechoso. Por eso la fiscal pidió a la Corte que revise ese fallo, lo revierta y se haga urgente el juicio pues a su entender si eso no ocurre antes del 3 de agosto, el caso prescribirá y deberá ser archivado, dijeron fuentes judiciales.

El escenario es complicado y todo indica que los tres policías zafarán, pues no parece posible que la Corte resuelva tan rápido (aún no tiene en sus manos el reclamo fiscal) y se haga el juicio antes del 3 de agosto.

La causa que involucra a los expolicías César Humberto Lucero (49), Fernando Felipe Segura (41) y Alberto Marcos Galdeano (53), ocurrió el 23 de mayo de 2006, cuando trabajaban en Robos y Hurtos y allanaron la casa de Federico Antonio Olivares (padre de Cristina, la joven brutalmente asesinada) en la Villa Constitución, Pocito.

Iban a buscar un televisor robado y no lo hallaron, pero sí un fusil Mauser y un rifle calibre 22 y se los secuestraron.

Ayer el caso aún no pasaba a la Corte. Lo más probable es que la causa prescriba.

Esa vez Olivares los denunció, porque dijo que le habían pedido unos $1.000 para no armarle una causa por tenencia ilegal de un arma de guerra. Y enseguida se armó un operativo con un juez y un fiscal, para darles $300 marcados, es decir registrados en un acta judicial. El que llegó a buscarlos fue Lucero y quedó preso. Más tarde quedaron implicados Segura y Galdeano.

Los tres llegaron a juicio, libres, acusados de concusión (aprovechamiento de exacciones ilegales, con penas de 2 a 6 años) pero ahora los jueces que debían hacerles el juicio, Ernesto Kerman, Juan Carlos Peluc Noguera y José Atenágoras Vega (Sala II, Cámara Penal) dijeron que los policías deben ser sobreseídos por prescripción.

El plazo máximo para llegar a una sentencia contra los policías es de 6 años y el tribunal entendió que debían contarse desde la citación a juicio, ocurrida el 30 de noviembre de 2010. También dijeron que por esa razón los 6 años ya pasaron y la suspensión de ese término no cabía por ser los acusados funcionarios públicos, pues no tenían una capacidad funcional importante como para manipular los tiempos de la prescripción a su favor.

Sin embargo la fiscal Leticia Ferrón de Rago opinó que la causa aún no prescribe, precisamente porque el plazo estuvo suspendido mientras eran empleados estatales y porque la ley nada dice sobre la importancia o no del funcionario público al momento de computar los plazos. Es más, citó un fallo de la Corte en el mismo sentido.

La Fiscalía sostiene que los tres imputados fueron policías hasta el 3 de agosto de 2011 y la prescripción se había suspendido hasta ese día por ser funcionarios públicos. Y que recién a partir de aquel día, debe computarse otra vez el término de 6 años.