Para el juez Guillermo Adárvez no hay dudas de que el abogado y su padre estafaron. El fallo aún no está firme.


Un abogado y su padre fueron procesados por el juez de Instrucción Guillermo Adárvez, quien consideró probadas las sospechas de que el letrado, en complicidad de su padre, estafó en una suma, hoy millonaria (se estiman unos 4 millones), a un matrimonio amigo. Según fuentes judiciales, el fraude se concretó cuando les alquilaron una propiedad para que la explotaran comercialmente como salón de eventos, a sabiendas de que no podrían hacerlo ya que no habían cancelado una deuda municipal, previa al contrato de alquiler, necesaria para conseguir la habilitación comercial.

Los procesados son Jorge Domingo Castán (55) y su padre Nicolás Castán (86), quienes se negaron a declarar en el Tercer Juzgado de Instrucción y ahora esperan revertir la decisión de Adárvez en un tribunal superior: la Cámara de Apelaciones, indicaron. Según los voceros, el letrado considera que ni él ni su padre cometieron ningún delito y que los damnificados debían pagarle meses de alquiler, además de los cheques que les facilitó para que pudieran realizar obras de remodelación en la propiedad.

Los damnificados son Gustavo Pérez Celedón y Olga Gutiérrez. Ambos habían celebrado con el abogado un contrato de alquiler de una propiedad en Chile al 469 Este, Capital.

El 19 de mayo de 2008, tomaron posesión del inmueble y contrataron albañiles para poder operar con el rubro que pretendían. Parte del dinero gastado en esas remodelaciones provino del propio Castán a través de cheques, indicaron.

Hasta abril de 2009 pagaron los alquileres pactados y ya tenían casi todo listo para empezar a funcionar, cuando desde el municipio les dijeron que no podrían hacerlo pues era necesario cancelar una deuda, el tributo sobre las actividades comerciales, industriales y de servicios.

Según el expediente, el letrado se negó a pagar esa deuda y, además, comenzó a intimar al matrimonio para cancelar los alquileres impagos entre mayo y septiembre de 2009. También les reclamó, vía judicial, la ejecución de uno de los cheques que les facilitó.

Pérez Celedón y Gutiérrez argumentaron que no podían pagar porque, al no tener el salón habilitado, no podían explotarlo y conseguir el dinero para hacer frente a sus obligaciones.

Luego de varios cruces de intimaciones, el matrimonio resolvió denunciar penalmente al letrado por considerarse estafados.

El caso tuvo un trámite complicado porque al menos dos fiscales opinaron que no existía delito, hasta que el fallecido fiscal de Cámara Gustavo Manini entendió lo contrario y la causa avanzó.

Al cabo de su investigación, el juez entendió que el abogado debía responder por el delito de estafa, y también su padre porque ambos viven en la misma casa, porque recibió en su casa las intimaciones de los denunciantes y hasta extendió recibos de pago de alquiler a nombre de Pérez Celedón.

Las pericias ordenadas judicialmente en el trámite del caso arrojaron que, a valores monetarios actualizados a octubre de 2018, la plata por el pago de alquileres y por las obras gastada por el matrimonio, ascendía a unos $3.987.874, dijeron voceros judiciales.