El juez federal Lepoldo Rago Gallo procesó al empleado judicial provincial Juan Carlos Obredor Balmaceda, porque creyó probada su participación en la falsificación de dos DNI, que pertenecían a los dueños de unos lotes en Santa Lucía que -se sospecha- él mismo vendió de manera fraudulenta, dijeron fuentes judiciales.

Obredor Balmaceda no dejó de ser empleado judicial desde que quedó en la mira de la Justicia y -según los voceros- hasta fue ascendido en el curso de la investigación.

El procesamiento que dictaron en su contra fue sin prisión preventiva porque el delito es excarcelable, indicaron.

El caso empezó a investigarse el 7 de julio de 2014 cuando el escribano Alejandro Crifó denunció que Obredor lo había contratado para tramitar la subdivisión parcelaria de unos terrenos ubicados en calle Gorriti, entre Lencinas y Ruta Nacional 20, en Santa Lucía. El profesional aclaró que ese trámite no había podido concretarse porque desde el Registro General Inmoviliario le advirtieron que no podía ser que uno de los dueños de los lotes, Julio Orlando Adárvez, le hubiera otorgado poder alguno a Obredor, ya que había fallecido. El otro propietario era su esposa, Laura Irene Palacios.

Según Crifó, cuando consultó a Obredor sobre ese problema, este le dijo que los dueños de los terrenos le habían dado un poder para comercializar los lotes y que vivían en el Sur.

Más tarde, y ya complicado por un investigación penal, Obredor aseguró públicamente que él también había sido víctima de esas dos personas que se hicieron pasar por Adárvez y su esposa. Y que no sabía a dónde había ido a parar el dinero: él mismo había vendido los lotes a razón de $100.000 cada uno, precisaron.

A comienzos del año pasado, el entonces fiscal Daniel Guillén (ahora juez de Cámara) le pidió al ahora también camarista Benedicto Correa, que le pasara toda la investigación al juez federal porque en el caso había existido una falsificación de documentos de identidad, un delito que, por ley, debe ser investigado en el fuero federal.

Según los voceros, el juez Rago Gallo aceptó investigar únicamente la falsificación de los documentos pero no el presunto fraude, que volvió para su trámite al Quinto Juzgado de Instrucción.

Luego de ordenar varias medidas de prueba, el magistrado federal entendió que se acreditó la vinculación de Obredor con la falsificación de los DNI y lo procesó, precisaron voceros del caso.