Vecinos de los barrios Procesa Sarmiento II y Jorge Guardia, ubicados en Rawson, se reunieron para pedir más seguridad ya que dijeron que donde viven es una zona prácticamente “liberada”.

A través de una nota dirigida al secretario de Seguridad, Carlos Munisaga, solicitaron la implementación de varias medidas, como la instalación de un puesto policial en la plaza situada en La Estación y El Zonda (antes había uno y lo sacaron), la colocación de cámaras de seguridad en el callejón Balmaceda y otros puntos estratégicos, y la intensificación de los patrullajes. También pidieron que se refuerce la iluminación y que se exija la regularización de dos casas abandonadas situadas en el Jorge Guardia que, dicen, les sirven a los delincuentes como escondite y como guarida para espiar los movimientos del vecindario.

Aguantadero. En el Barrio Jorge Guardia hay dos casas abandonadas que son utilizadas por los ladrones como escondite, denunciaron.

Ambos barrios están separados por la calle La Estación. Mientras que el callejón Balmaceda está a las espaldas del Jorge Guardia. Eso es un problema para los vecinos, pues del otro lado de esa calle sin iluminación hay varios terrenos baldíos “que se han convertido en pasajes donde en varias ocasiones hasta se escuchan balaceras”, indicaron.

Según los vecinos, desde siempre han sufrido hurtos de mangueras, ropa tendida, herramientas y elementos similares. Pero en este mes los ataques comenzaron a ser más graves, pues los ladrones ingresan a las casas, sin importarles si se encuentran o no los moradores. “Lo que notamos ahora es el crecimiento del robo organizado, hacen un trabajo de inteligencia, están al tanto de los movimientos de cada familia”, explicó Carolina Zegaib, que en su vivienda cuenta con un sofisticado sistema de sensores láser que para los ladrones no fue un impedimento para ingresar. Dos días después de eso una vecina de ella fue atacada y en esa misma semana se registraron al menos tres robos más.

Para hacerle frente a la inseguridad en los barrios ya gestionaron la instalación de una alarma comunitaria y también con dinero de sus bolsillos adquirieron boyeros y cámaras para colocar en sus propiedades. “Pero para nosotros la seguridad no es un servicio, es un derecho. Entonces estamos exigiendo que quienes tengan que actuar, que actúen para que dejemos de vivir en una zona liberada”, dijo Zegaib.