La audiencia de formalización por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum terminó envuelta en un fuerte contrapunto entre el fiscal Sebastián Gómez y la jueza Mónica Lucero. El eje de la discusión fueron las ausencias del senador Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, quienes justificaron que no podían asistir por compromisos legislativos.
Caso Acueducto Gran Tulum: contrapunto entre fiscalía y una jueza por las ausencias de Uñac y Andino
Tras las ausencias del senador y el diputado, el resto de las partes solicitó la reprogramación de la audiencia de imputación. A pesar de que la jueza Mónica Lucero entendía que por reglamento se podía realizar la audiencia igual, resolvió a favor de lo pedido tanto por algunas defensas, la fiscalía y la querella.
Para el fiscal al igual que el resto de las partes, la audiencia no podía continuar hasta que los 11 implicados estén presentes, mientras que para la jueza, la ausentecia de los legisladores no impedía la realización de la misma. Sin embargo, la magistrada resolvió a favor del pedido de la mayoría.
En un primer momento, Gómez cuestionó que las incomparecencias estuvieran debidamente justificadas y sostuvo que la condición de legislador no eximía a ninguno de presentarse ante la Justicia. Sin embargo, cuando las defensas de los otros nueve investigados solicitaron que la audiencia se reprogramara para todos, el representante del Ministerio Público Fiscal terminó acompañando el planteo.
Ese cambio de postura fue uno de los puntos que la jueza Lucero remarcó al fundamentar su decisión. Aunque finalmente aceptó postergar la audiencia, dejó en claro que no estaba de acuerdo con el pedido y cuestionó que las partes coincidieran en una salida que, según recordó, no era habitual en su experiencia judicial.
Los acusados que sí asistieron fueron Humberto Caballero, Juan Carlos Caparros, Rolando Caruso, Francisco Correa, Gustavo Mastelono, Julio Ortiz Andino, Sergio Ruiz, Juan Antonio Sánchez y Guillermo Sirerol. Todos ex presidentes y funcionarios de OSSE, como ex integrantes del gobierno anterior. También estaba el dueño de la empresa a la que le adjudicaron la obra.
Ningún implicado decidió tener una defensa pública, sino que optaron por una defensa particular. Los abogados que estuvieron presentes fueron Jorge Olivera Legleu, Nasser Uzair, Fernando Castro, Federico González Viola, Guillermo Toranzo, Franco Montes, Soledad Lloveras, Claudio Correa, Mario Padilla, Mario Morán, Ivana Salas y Martín Torcivia y Juan Pablo Ortega, entre otros.
El fiscal cuestionó las ausencias de Uñac y Andino
Durante la audiencia, Gómez sostuvo que los legisladores habían sido notificados con anticipación y puso en duda que existieran motivos suficientes para justificar que no comparecieran presencialmente.
“Al igual que el doctor Uñac, todos trabajamos, todas las personas que se han presentado tienen cuestiones laborales”, expresó el fiscal, quien agregó: “No creo que se ha dado un justificativo para no presentarse”.
Sobre Andino, aclaró que su defensa había solicitado la posibilidad de conectarse por Zoom, pero no había pedido que se justificara su ausencia física. En ese contexto, cuestionó la decisión de la magistrada de dar por justificada su incomparecencia.
El fiscal también advirtió que ser diputado o senador no implicaba estar exento de presentarse a una audiencia judicial. Incluso dejó planteada la reserva de solicitar un eventual desafuero si alguno de los dos no concurre a una nueva convocatoria.
Los abogados pidieron una única audiencia y el fiscal cambió de postura
La posibilidad de avanzar con la formalización de los nueve investigados presentes y dejar a Uñac y Andino para otra fecha generó el rechazo de sus colegas defensores.
El abogado Franco Montes argumentó que realizar la audiencia de manera parcial podía generar una desigualdad procesal, porque los representantes de los legisladores ausentes conocerían previamente los detalles de la imputación. Por su parte, Fernando Castro invocó el artículo 209 del Código Procesal Penal, que establece la presencia ininterrumpida de las partes durante las audiencias, y advirtió sobre el riesgo de futuros planteos de nulidad.
Después de escuchar esos argumentos, Gómez reconoció que correspondía realizar una única audiencia con los 11 investigados. Explicó que el desdoblamiento suele darse cuando una persona está prófuga o no pudo ser localizada, una situación que, a su entender, no se correspondía con este caso.
Los abogados de la Fiscalía de Estado, como querellantes, también adhirieron al pedido. Así, la postura que inicialmente había sostenido el Ministerio Público Fiscal sobre la falta de justificación de las ausencias terminó dando paso al pedido de reprogramación.
La jueza cuestionó el cambio de postura de la fiscalía
Al tomar la palabra, Lucero señaló que le llamaba la atención la coincidencia entre las defensas y la Fiscalía para solicitar la suspensión, especialmente porque, según dijo, no era habitual que se reprogramara una audiencia por la ausencia de una persona cuando había otros investigados presentes.
“Me sorprende mucho esta adhesión que manifestaba la postura de la defensa cuando no es habitual”, afirmó la magistrada, quien recordó que en otras causas las audiencias habían continuado pese a la incomparecencia de alguno de los convocados.
La jueza también sostuvo que el Código Procesal Penal contempla herramientas para actuar frente a esas ausencias y cuestionó que se considerara necesario un tratamiento diferente por la cantidad o la condición de las personas investigadas.
Lucero aclaró, además, que los 11 convocados todavía no eran imputados formalmente, ya que aún no se les había comunicado el hecho atribuido ni su calificación legal.
Pese a expresar su desacuerdo, la magistrada finalmente hizo lugar al pedido conjunto. Ordenó a la Oficina Judicial fijar una nueva fecha y disponer las notificaciones con no menos de 10 días de anticipación. También sugirió que la audiencia se realice un lunes o viernes y que se evalúe una sala con mayor capacidad.
La formalización quedó pendiente, mientras el fiscal mantuvo la reserva de solicitar el desafuero si Uñac o Andino no se presentan en la próxima convocatoria.