La condena al médico Leonardo Santiago Furlotti Barassi quedó bajo revisión luego de que todas las partes impugnaran la sentencia dictada por el juez Alberto Caballero. Fiscalía, querella y defensa plantearon sus propios cuestionamientos y buscarán que un tribunal superior revise lo decidido.
Caso Furlotti: todas las partes impugnaron la sentencia y buscan cambiar el fallo
Fiscalía, querella y defensa apelaron la condena al médico Leonardo Santiago Furlotti por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La discusión ahora se centra en si hubo estafa, engaño y perjuicio económico.
Furlotti fue condenado a un mes de prisión condicional y dos meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, además de reglas de conducta durante dos años, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El caso se originó cuando un paciente necesitaba una cirugía en el Hospital César Aguilar de Caucete y el médico le habría solicitado $250.000 para comprar una sutura de alta resistencia.
El punto central de las apelaciones es la estafa, delito por el que inicialmente había acusado la Fiscalía. Para que exista una estafa debe comprobarse, entre otros elementos, un ardid o engaño capaz de inducir a la víctima a error, provocarle un perjuicio económico y generar un beneficio indebido para el autor.
El juez Caballero entendió que esos elementos no quedaron demostrados: el paciente sabía para qué entregaba el dinero y el insumo fue utilizado en la intervención. Por eso descartó la estafa y condenó al médico por haber cobrado por una prestación dentro del sistema público, donde rige el principio de gratuidad.
La Fiscalía, a través del fiscal Nicolás Schiattino, y la querella, representada por la abogada Josela Echegaray, cuestionaron ese razonamiento. Según sus planteos, hubo elementos que debían ser valorados para determinar si existió engaño, abuso de confianza, perjuicio económico y enriquecimiento.
La defensa, ejecutada por Mario Morán, también apeló, pero con un objetivo opuesto: sostiene que tampoco quedó acreditado el incumplimiento de deberes de funcionario público, sino se comprobó la estafa. Cuestionó que la sentencia cite normas y obligaciones que Furlotti habría incumplido, pero que no precise concretamente cuál fue la norma vulnerada.
Además, la defensa planteó que la víctima en ningún momento fue engañada, sabía para qué era la plata y había consultado con otros médicos, o sea, tenía libertad para elegir con quién hacer la intervención quirúrgica.
Para la defensa, el testimonio de muchos médicos fue clave: el hilo de alta resistencia que necesitaba la víctima no se consigue en un hospital público y esto debe ser incorporado de forma particular.
Ahora será la jueza de impugnación Ana Lia Larrea la que deberá revisar los argumentos de las partes y determinar si confirma, modifica o deja sin efecto la condena.
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