La Policía de San Juan profundizó los controles sobre chatarrerías y recuperadoras ante la investigación por el robo de cobre y los daños provocados en transformadores eléctricos. Entre el 4 y el 6 de agosto, cinco establecimientos de Caucete, Pocito y Rawson fueron clausurados y se secuestraron más de 32 toneladas de material no ferroso.
Clausuraron cinco chacaritas en San Juan y secuestraron más de 32 toneladas de cobre
Los procedimientos se realizaron en Caucete, Pocito y Rawson. La Policía detectó falta de habilitaciones, documentación irregular y materiales cuya procedencia no pudo ser acreditada.
Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de la División Policía Rural, la Unidad de Apoyo Investigativo y la Sección Leyes Especiales, dependientes de la Dirección D-5. Las inspecciones buscaron determinar si los comercios cumplían con la normativa vigente sobre la tenencia, comercialización y transporte de materiales no ferrosos.
En total, los procedimientos permitieron secuestrar más de 32.700 kilos de material, cuyo valor estimado en el mercado ronda los $460 millones, según cálculos policiales.
Las cinco chatarrerías clausuradas
El primer operativo se realizó el 4 de agosto en Caucete, donde fueron clausurados tres establecimientos.
En la Chacarita “Don Antonio”, ubicada sobre calle Urquiza, los efectivos constataron que el encargado, de apellido Varela, contaba con una habilitación vencida y tenía desactualizado el Libro de Industria y Comercio. Por disposición de la Jueza de Paz de Caucete se ordenó la clausura supeditada por infracciones a distintos artículos de la Ley 941-R.
En el Loteo Los Andes, la denominada “Chacarita Acosta” fue clausurada preventivamente. Su propietario no contaba con las habilitaciones correspondientes y tampoco pudo acreditar el origen de 7.500 kilos de recortes de cables y bobinados de material no ferroso. Todo el material fue secuestrado.
También en Caucete, esta vez en la Chacarita “Las Huellas Compartidas”, ubicada en calle Córdoba, Villa Independencia, se detectó que el responsable, de apellido Alonso, no contaba con las habilitaciones correspondientes ni con el Libro de Industria y Comercio. La Jueza de Paz, Silvana Salva, dispuso la clausura supeditada.
Secuestraron cables de alta y media tensión en Pocito
El 5 de agosto, el operativo se trasladó a Pocito. En la recuperadora “Don Mariano”, ubicada sobre calle Lemos entre calles 5 y 6, los policías encontraron irregularidades en la documentación del establecimiento.
El certificado eléctrico estaba vencido y el Libro de Industria y Comercio se encontraba desactualizado. Además, se detectaron 120 kilos de cables de alta y media tensión cuya procedencia no pudo ser acreditada.
El material fue secuestrado luego de que personal de Naturgy lo reconociera como compatible con elementos utilizados por la empresa. La Jueza del Juzgado de Paz Letrado de Pocito, Laura Asandri, dispuso la clausura preventiva del establecimiento.
El mayor secuestro fue en Rawson
El procedimiento más importante tuvo lugar el 6 de agosto en Rawson, en la Chacarita “Metal Sur S.R.L. - Recuperadora Fernández”, ubicada en calle Lemos 1436 Sur.
Durante la inspección, los efectivos detectaron que el propietario, de apellido Fernández, tenía desactualizado el Libro de Industria y Comercio. Pero el principal hallazgo fue la presencia de 32.670 kilos de material no ferroso, aparentemente cobre, sin documentación que permitiera acreditar su procedencia.
El Dr. Enrique Mattar, del Tercer Juzgado de Faltas, ordenó el secuestro del material y la clausura supeditada del establecimiento.
La Policía continuará con los controles
Los procedimientos forman parte de los controles que la Policía de San Juan lleva adelante sobre los comercios dedicados a la compra y venta de chatarra, especialmente ante la preocupación por el robo de cobre y otros materiales utilizados en la infraestructura eléctrica.
Desde la fuerza señalaron que los operativos continuarán tanto en chatarrerías y recuperadoras como en rutas provinciales, con el objetivo de detectar la tenencia y el transporte irregular de materiales que podrían estar vinculados con hechos delictivos que afectan a la infraestructura de servicios.