Cinco integrantes del Ejército Nacional fueron condenados en las últimas horas por la muerte de José Javier Bechis, un aspirante a soldado voluntario de 19 años que perdió la vida durante una práctica de tiro en San Luis, en noviembre de 2019.
Condenaron a cinco integrantes del Ejército por la muerte de un aspirante de 19 años durante una práctica de tiro
José Javier Bechis murió en noviembre de 2019 tras recibir un disparo durante un entrenamiento con fusiles FAL en San Luis.
La víctima era uno de los 50 aspirantes que participaban de un entrenamiento con fusiles FAL. En medio del ejercicio, un arma se disparó y el proyectil impactó contra Bechis, que murió como consecuencia de las heridas.
Con el avance de la investigación, se pudo determinar que el disparo había salido del fusil de otro aspirante, que manipuló el arma de manera imprudente e imperita.
Sin embargo, la responsabilidad penal no quedó limitada a quien efectuó el disparo: la Justicia también encontró incumplimientos en los controles y en la supervisión de la práctica.
El arma había pasado varios controles
Uno de los puntos centrales que surgieron durante la investigación fueron las fallas en los protocolos de seguridad. El fusil que terminó provocando la muerte de Bechis había sido sometido a distintos controles antes del disparo.
Sin embargo, ninguno de esos procedimientos permitió detectar que todavía había una munición alojada en la recámara.
La situación puso bajo la lupa la actuación de quienes estaban a cargo del entrenamiento y las medidas adoptadas para garantizar que las armas estuvieran descargadas y fueran manipuladas de acuerdo con los reglamentos establecidos.
Cinco condenas por la muerte del joven
Por el hecho fueron condenados cinco integrantes del Ejército. El sargento Carlos Gustavo Lebrón y el cabo primero Sergio David Winter Morán recibieron un año de prisión en suspenso por negligencia e inobservancia de los reglamentos.
En tanto, el cabo Enrique Martín Zárate fue condenado a dos años y 10 meses de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación especial, debido a los incumplimientos atribuidos a su actuación durante la práctica.
Las condenas alcanzaron así a integrantes de distintos niveles de la estructura militar que tenían funciones vinculadas con el desarrollo y la seguridad del ejercicio.
Elías Luciano Muñoz tenía 18 años y era aspirante a soldado voluntario al momento de la tragedia. La Justicia determinó que fue quien efectuó el disparo mortal.
En mayo, la jueza federal Gretel Diamante homologó un acuerdo de juicio abreviado mediante el cual Muñoz admitió su responsabilidad penal. Fue condenado a tres años de prisión en suspenso por haber disparado el arma de manera “imprudente e imperita”.
Además, se le impuso una prohibición de usar, portar o tener armas de fuego durante cinco años.
La misma pena recibió Alejandro Agustín Díaz Garro, quien en aquel momento era teniente del Ejército y estaba a cargo de la jornada como director de tiro.
Díaz Garro fue condenado a tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación por las omisiones vinculadas con la seguridad y la supervisión de la práctica.
De esta manera, la resolución judicial estableció responsabilidades tanto sobre quien manipuló el arma que provocó el disparo como sobre los militares que tenían a su cargo los controles y la conducción del entrenamiento.
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