Una empleada del Poder Judicial de Misiones quedó en el centro de una investigación por una presunta estafa que habría perjudicado a 17 personas mediante falsas promesas de ingreso a organismos públicos. Según la causa, la mujer habría obtenido más de 9,5 millones de pesos de las víctimas, quienes entregaron dinero con la expectativa de conseguir un empleo.
Detuvieron a una empleada judicial acusada de estafa
La sospechosa, de 40 años, habría recibido más de 9,5 millones de pesos de personas que buscaban trabajo en organismos estatales. El lunes se negó a declarar ante la Justicia.
La principal sospechosa es Gisela S., de 40 años. El lunes compareció ante el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Posadas, donde decidió hacer uso de su derecho a no declarar.
De acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal René Casals, la acusada contactó a las víctimas entre marzo y mayo de 2026 a través de WhatsApp.
En esos mensajes ofrecía supuestos puestos de trabajo en distintos organismos estatales, entre ellos la Dirección Provincial de Vialidad, el Instituto de Macroeconomía Circular (ex Ifai) y la Municipalidad de Posadas.
Según la pesquisa, solicitaba alrededor de 500 mil pesos para acceder a contratos temporarios y cerca de un millón de pesos para ingresar a planta permanente.
Además del dinero, pedía fotografías de documentos personales y exigía que las transferencias se realizaran a cuentas bancarias o billeteras virtuales a su nombre. Mientras tanto, mantenía contacto frecuente con los interesados y les aseguraba que las incorporaciones se concretarían en poco tiempo.
Víctimas que vendieron pertenencias
La mayoría de los denunciantes reside en la zona oeste de Posadas y atravesaba una situación de vulnerabilidad económica por la falta de empleo.
Según consta en la causa, varias personas vendieron animales de cría, materiales de construcción e incluso recurrieron a préstamos informales para reunir el dinero solicitado. Las víctimas comprobaron que no existían gestiones reales.
Una de las denunciantes realizó una importante transferencia correspondiente a ella y a sus dos hijos mayores, convencida de que accederían a los puestos ofrecidos.
A mediados de mayo, la acusada mantuvo una reunión presencial con varios damnificados y volvió a asegurar que las contrataciones estaban próximas a concretarse.
Sin embargo, con el paso de las semanas y ante la falta de novedades por parte de los organismos públicos, las víctimas comprobaron que no existían gestiones reales para su incorporación.
La denuncia y las pruebas
Cuando comenzaron los reclamos, la mujer volvió a solicitar dinero con la promesa de devolverlo una vez que un supuesto superior le reintegrara los fondos.
Poco después dejó de responder mensajes y llamadas, lo que motivó la presentación formal de la denuncia el 23 de junio.
El abogado Federico Padolsky, representante del grupo de damnificados, pidió constituirse como querellante particular y aportó al expediente conversaciones de WhatsApp y comprobantes de las transferencias bancarias.
Entre los mensajes incorporados a la investigación figuran frases en las que la sospechosa alentaba a las víctimas a reunir más dinero para acceder a cargos permanentes y les aseguraba que pronto firmarían los contratos y comenzarían a cobrar un sueldo.
Padolsky sostuvo que las personas afectadas "literalmente vendieron todo lo que tenían" con la esperanza de obtener un empleo y remarcó que la acusada se aprovechó de quienes atravesaban una situación de especial vulnerabilidad.
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