El caso del estatal y empleado del Hospital Marcial Quiroga, que fue condenado por dictar una carrera trucha en una lomoteca, tuvo un resultado determinante. Daniel Gustavo Algarilla fue condenado este martes a un año y seis meses de prisión de cumplimiento condicional por el delito de estafa. Sin embargo, su situación legal podría agravarse seriamente: ante la aparición de nuevas víctimas, el imputado corre el riesgo de sumar una segunda condena que lo obligue a cumplir una pena efectiva tras las rejas.
Empleado estatal condenado por dictar una carrera trucha en una lomoteca podría recibir más denuncias y terminar preso
Un empleado del Hospital Marcial Quiroga, fue sentenciado por estafar a alumnos con una carrera sin aval. Nuevos testimonios podrían derivar en cárcel.
De un instituto a una lomoteca
La investigación, impulsada por el fiscal Guillermo Heredia, determinó que Algarilla captaba alumnos desde 2022 a través de campañas en Facebook, prometiendo una formación con salida laboral en Salud Pública o el Poder Judicial. Para sostener el engaño, utilizaba panfletos y documentación sin valor legal que simulaban avales del Ministerio de Educación y una supuesta vinculación con la Universidad Católica de Cuyo.
A lo largo de los años, el dictado de la carrera "Tecnicatura de Evisceración y Morgue" peregrinó por distintos lugares: comenzó en el Instituto Christine, pasó por el Centro de Capacitación Eleva y terminó en un local bajo el nombre de “Instituto de Capacitación Algarilla”. Sin embargo, el punto de quiebre para los estudiantes ocurrió cuando las clases se trasladaron a una lomoteca (casa de comidas). Esta situación, sumada al hecho de que Algarilla era el único docente de todas las materias, despertó las sospechas finales de las alumnas.
Prácticas irregulares y el uso de bienes estatales
Algarilla aprovechaba su condición de empleado público en el Hospital Marcial Quiroga para realizar prácticas con restos humanos dentro de la misma morgue del hospital. Según testimonios, el ahora condenado les pedía a los estudiantes que mintieran a los guardias de seguridad, alegando que eran alumnos de Medicina para poder ingresar al predio estatal.
A pesar de contar con un título de técnico emitido en Rosario en 2008, el acusado no poseía habilitación docente ni autorización oficial para dictar una tecnicatura. Durante el proceso, se acreditó que los damnificados abonaban cuotas que iniciaron en 5.000 pesos y llegaron a alcanzar los 30.000 pesos mensuales.
El riesgo de la prisión efectiva
Aunque el juez Mariano Carrera impuso una pena de ejecución condicional, lo que le permite a Algarilla no ir al penal de inmediato, el escenario podría cambiar pronto. Si bien el juicio se centró en cuatro denunciantes, se estima que unas 40 personas tomaron el curso.
Fuentes judiciales han informado que al menos dos personas más han anunciado que radicarán nuevas denuncias contra el técnico. La acumulación de nuevos hechos de estafa podría derivar en un concurso real que resulte en una condena unificada de cumplimiento efectivo, cumpliendo así el pedido inicial de la fiscalía, que había solicitado cuatro años de cárcel. Por el momento, el condenado deberá cumplir reglas de conducta durante dos años para mantener su libertad.