Una investigación de la Justicia federal derivó en la imputación de 15 personas acusadas de integrar una presunta asociación ilícita dedicada a la falsificación sistemática de certificados médicos oficiales. La maniobra delictiva tenía como fin la obtención fraudulenta de pensiones por discapacidad otorgadas por el Estado nacional en la provincia de Salta.
Escándalo en Salta: imputan a 15 personas por una presunta red de falsificación de certificados para cobrar pensiones por discapacidad
La Justicia federal avanzó en la investigación contra una organización acusada de adulterar documentación médica oficial para tramitar de manera irregular beneficios previsionales en la provincia norteña.
El caso salió a la luz tras una serie de auditorías y tareas de inteligencia fiscal que detectaron un patrón irregular en la emisión de expedientes médicos y juntas evaluadoras, lo que motivó operativos de allanamiento y la posterior imputación de los involucrados, entre profesionales de la salud, intermediarios y beneficiarios de los cobros irregulares.
Entre los acusados figuran los médicos José B., Humberto B., Julio O., Luis V., César Ramiro Blanco, José Wilson Muñoz Torres, Roberto Bernardino Morales y Francisco Gerardo Orellana, además de Oscar Luna, exgerente del hospital de El Quebrachal. Orellana es actualmente diputado provincial por Anta.
También quedaron imputados el exjefe de la sucursal de ANSES de El Quebrachal, Edmundo Dante Salazar; el bioquímico Luciano Benjamín Esteban; los empleados municipales Manuel Rolando Córdoba, Estela Mary Romano y Luis Casares; y un kiosquero identificado como Hugo M.
Claves de la investigación judicial:
El modus operandi: La red operaba mediante la confección de historias clínicas y certificados falsos que simulaban patologías inexistentes o exageraban cuadros de salud para cumplir con los requisitos legales exigidos por los organismos previsionales.
Perjuicio al Estado: Las maniobras provocaron un desvío millonario de fondos públicos destinados a sectores vulnerables, generando una alerta sobre los mecanismos de control en la asignación de subsidios y pensiones.
Imputados y cargos: Entre los 15 procesados figuran personas señaladas como organizadores de la maniobra, nexos administrativos y médicos que habrían firmado la documentación apócrifa, enfrentando cargos por defraudación a la administración pública y falsificación de documento público.
Cruzamiento de datos: La investigación continúa abierta para determinar si existen ramificaciones en otras dependencias estatales y para auditar la totalidad de los expedientes tramitados por la presunta organización.
Dato útil: Las causas por fraude a la seguridad social se han intensificado a nivel nacional en el marco de los controles cruzados sobre planes sociales y pensiones graciables, buscando garantizar que los recursos públicos lleguen de forma transparente a quienes verdaderamente lo necesitan.