Una ortopedia de San Juan sufrió una estafa de aproximadamente $200 millones luego de que delincuentes obtuvieran las credenciales de acceso a su cuenta bancaria mediante una maniobra de ingeniería social. En menos de dos días, durante un fin de semana, realizaron más de 30 transferencias de entre $1 millón y $10 millones, según explicó el fiscal Pablo Martín, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.
Estafa en San Juan: en dos días vaciaron la cuenta de una empresa con más de 30 transferencias y un perjuicio de $200 millones
El responsable de la ortopedia buscó en Google el teléfono del banco y terminó entregando sus credenciales. La UFI Delitos Informáticos sigue el recorrido del dinero.
Buscó el teléfono del banco en Google y terminó en una estafa
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada en junio por el responsable de Todo Médica San Juan. Según relató Martín, el hombre necesitaba comunicarse con el banco para realizar un reclamo y decidió buscar el número telefónico en Google.
El problema fue que el contacto con el que se comunicó no correspondía al banco. Después de realizar el llamado y cortar la comunicación, recibió una devolución desde un número con característica de Córdoba. A partir de allí comenzó la maniobra.
Los delincuentes le hicieron creer que la cuenta estaba en riesgo y lo guiaron durante una serie de supuestos procedimientos de seguridad. De esa manera consiguieron que entregara las credenciales necesarias para ingresar a la banca electrónica de la empresa.
El fiscal describió la modalidad como una maniobra de fuerte manipulación de la víctima, en la que los estafadores utilizan información y argumentos vinculados con supuestos problemas de seguridad para conseguir los datos de acceso.
Más de 30 transferencias en un fin de semana
Una vez que obtuvieron las credenciales, los delincuentes comenzaron a mover el dinero de la cuenta de la ortopedia. De acuerdo con la investigación, realizaron casi 30 transferencias en menos de dos días, durante un fin de semana.
Los movimientos fueron por montos que iban aproximadamente desde $1 millón hasta $10 millones, hasta alcanzar un perjuicio total cercano a los $200 millones.
Para los investigadores, la cantidad y la velocidad de las operaciones constituyen uno de los puntos centrales del caso. Martín señaló que una cuenta empresarial con movimientos de esa magnitud y en un período tan corto debería haber generado algún tipo de alerta en los mecanismos de monitoreo.
El BCRA establece requisitos de monitoreo transaccional que contemplan factores como la frecuencia, los montos, los saldos habituales y los patrones de comportamiento del cliente para detectar operaciones inusuales.
El dinero pasó por cuentas de Córdoba
Otro de los aspectos que intenta establecer la UFI es qué ocurrió con los $200 millones después de que salieron de la cuenta de Todo Médica.
Según explicó Martín, en forma preliminar, los investigadores detectaron que los destinos de las transferencias se encontraban principalmente en Córdoba. Ante esto, se dispusieron bloqueos sobre las cuentas receptoras que pudieron ser identificadas.
Sin embargo, el recorrido del dinero complicó la posibilidad de recuperarlo. El fiscal explicó que los fondos fueron trasladados rápidamente entre distintas cuentas intermediarias y que finalmente una parte terminó en billeteras que se encuentran fuera del sistema financiero formal.
La investigación también analiza el posible uso de “cuentas mula”, es decir, cuentas utilizadas como intermediarias para recibir y posteriormente transferir fondos. La responsabilidad de sus titulares deberá determinarse en cada caso, ya que pueden existir situaciones en las que hayan participado deliberadamente o hayan sido utilizados sin conocer el destino final del dinero.
La lupa sobre el sistema de alertas bancarias
La investigación también abrió un interrogante sobre los controles aplicados por la entidad bancaria. Según planteó el fiscal, el banco no habría generado una alerta que permitiera advertir al titular sobre la sucesión de movimientos denunciados.
Martín sostuvo que una cuenta empresarial que durante un fin de semana registra decenas de transferencias por montos millonarios presenta un patrón que, a su criterio, debería ser revisado mediante los mecanismos de monitoreo.
Las normas del BCRA establecen que las entidades deben contar con sistemas capaces de detectar actividades inusuales o transacciones sospechosas, teniendo en cuenta el perfil y el comportamiento habitual de los clientes.
Esto no implica, por sí solo, que exista una responsabilidad penal o civil del banco en este caso: la eventual responsabilidad de la entidad deberá determinarse a partir de la investigación y de las normas aplicables.
La advertencia para evitar caer en la misma modalidad
El caso volvió a poner el foco sobre una modalidad de estafa que comienza fuera de la plataforma bancaria. Los delincuentes pueden utilizar avisos pagos en buscadores para posicionar números telefónicos falsos y esperar a que una persona los contacte creyendo que está hablando con su banco.
Por eso, la recomendación de los organismos oficiales es utilizar exclusivamente los canales de contacto que figuran en las aplicaciones bancarias, resúmenes de cuenta o sitios oficiales verificados. El BCRA también aconseja que sea el cliente quien inicie la comunicación con la entidad y no aceptar llamadas de supuestos representantes que soliciten información bancaria.
En caso de detectar una operación no reconocida, el BCRA indica realizar de inmediato el reclamo ante la entidad financiera y adoptar las medidas de seguridad correspondientes.
Mientras tanto, la UFI Delitos Informáticos y Estafas mantiene abierta la investigación para identificar a los responsables y reconstruir el recorrido de los fondos. Según la información preliminar aportada por Martín, las principales pistas apuntan a Córdoba.