Un ex empleado del Ministerio de Educación de San Juan enfrenta un pedido de condena por una presunta estafa en perjuicio del Estado provincial. Durante el juicio, el fiscal Daniel Galvani solicitó una pena de dos años de prisión y la inhabilitación perpetua para desempeñarse en la Administración Pública.
Fiscalía pidió condenar con dos años de prisión a un ex empleado de Educación por una presunta estafa
El fiscal Daniel Galvani solicitó dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La causa se originó a partir de una auditoría interna realizada en el organismo educativo y de una denuncia presentada por la licenciada Alicia Vargas, quien por entonces se desempeñaba como funcionaria del área. Según explicó Galvani, ese procedimiento permitió detectar una presunta irregularidad atribuida al imputado.
De acuerdo con la acusación, el ex empleado tenía acceso a un sistema informático mediante una clave personal e intransferible. Ese acceso habría sido utilizado para concretar una maniobra destinada a generar pagos indebidos.
“Ellos estaban habilitados a través de un sistema informático con una clave de password que era intransferible”, explicó Galvani en diálogo con 0264 Radio.
Sobre el mecanismo investigado, el fiscal detalló que consistía en confeccionar una liquidación a nombre de una persona inexistente y asociarla a datos reales para permitir el cobro.
“El mecanismo era realizar una liquidación, en este caso se llegaba a la conclusión de que era una persona ficticia, agregarle el número de CUIL de otra tercera persona y asignarle código para que resultara la liquidación”, describió.
Según la hipótesis de la Fiscalía, el paso siguiente era direccionar los fondos hacia una cuenta bancaria determinada.
“Y a esa liquidación vincularle su número de caja de ahorro del Banco San Juan”, precisó Galvani al explicar cómo se habría concretado el presunto desvío del dinero.
El fiscal también remarcó que la investigación nació a partir de controles internos realizados en el área encargada de los haberes del personal educativo. “Esto surge como consecuencia de una auditoría llevada adelante en la dependencia relativa a liquidación de sueldos”, señaló.
Respecto del perjuicio económico investigado, Galvani indicó que el monto involucrado era reducido en comparación con otros casos, aunque aclaró que eso no disminuye la gravedad de la conducta atribuida.
“En esa época eran algo de 11.530 pesos”, manifestó el fiscal, quien además recordó que la maniobra fue detectada varios años después de haber ocurrido.
Con los alegatos concluidos, será ahora la Justicia la que deba resolver si el ex trabajador del Ministerio de Educación es hallado culpable por la presunta estafa contra el Estado y si corresponde aplicar la pena solicitada por la Fiscalía.