Cinco personas fueron imputadas este viernes en el marco de la causa por la compra de 150 computadoras destinadas a la Policía de San Juan, que habían sido adquiridas con fondos nacionales en 2023 pero nunca llegaron a su destino y luego fueron halladas meses después en un depósito privado de la Capital. Entre los acusados hay tres policías, un ingeniero electromecánico y una proveedora del Estado, quien participó de la audiencia de forma virtual por cursar un embarazo de riesgo.
Imputan a tres policías, un ingeniero y una proveedora del Estado por la causa de las 150 computadoras desaparecidas de la fuerza provincial
La Justicia otorgó un año de investigación penal preparatoria en el caso de los equipos informáticos adquiridos con fondos nacionales que nunca llegaron a destino y fueron hallados en un depósito.
La Justicia dispuso un año de investigación penal preparatoria en una causa que atravesó meses de conflicto de competencia entre el fuero provincial y el federal, hasta que la Corte Suprema resolvió que debía intervenir la Justicia de San Juan por tratarse de fondos nacionales ejecutados en la provincia.
Según expuso la Fiscalía, con el fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia a la cabeza, la investigación apunta a una contratación directa aprobada mediante el Decreto 593/2023 de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, durante el año 2023. La operación, financiada con fondos enviados por el Gobierno nacional dentro de un plan de fortalecimiento tecnológico y operativo, tuvo un costo total de 90 millones de pesos.
La compra fue a la firma SCH Emprendimientos SAS, cuya titular es María De Lourdes Quiroga Coll, de 37 años, contemplaba 150 computadoras de alta gama, 20 impresoras y 10 tablets con especificaciones técnicas precisas. Sin embargo, para los investigadores, los equipos nunca fueron entregados a las dependencias policiales como se certificó oficialmente.
De acuerdo con la acusación, el 1 de junio de 2023 la empresa presentó la factura y el remito correspondientes, documentos que fueron firmados por la comisión de recepción integrada por el subcomisario Juan José Valverde, el comisario Juan José González y el comisario mayor retirado Jorge Eduardo Santoni. Esa certificación permitió que la Provincia realizara tres pagos durante junio de ese año, completando el desembolso de los $90 millones.
La Fiscalía sostuvo que la certificación fue falsa al igual que el inventario realizado por el ingeniero Enzo Ariel Fava, encargado del sistema integral informático de la Secretaría de Seguridad en ese momento, ya que los bienes no habían sido incorporados al patrimonio estatal ni distribuidos entre las distintas dependencias policiales, pese a que posteriormente se informó a Nación que el equipamiento ya había sido entregado.
La investigación administrativa destapó las irregularidades
El caso tomó un giro en febrero de 2024, cuando el entonces jefe de la Policía, comisario general Eduardo Lirola, ordenó una investigación administrativa para verificar el destino del equipamiento adquirido.
Según la pesquisa, ninguno de los equipos figuraba en funcionamiento ni había sido entregado a las comisarías donde supuestamente habían sido distribuidos.
Meses después, la representante de la empresa, Quiroga Coll, informó al Tribunal de Cuentas que los bienes permanecían almacenados en un depósito privado, en Capital. Una inspección confirmó la existencia de cajas con computadoras e impresoras, lo que derivó en un allanamiento y el secuestro judicial del material.
Posteriormente, una pericia informática concluyó que, si bien coincidía la cantidad de equipos comprados, ninguno cumplía con las características técnicas exigidas en la contratación. Los investigadores sostienen que los productos eran de una calidad considerablemente inferior a la abonada por el Estado.
Los delitos imputados
Con estos elementos, la Fiscalía imputó a María de Lourdes Quiroga como presunta autora del delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública.
En tanto, a Juan José González, Juan José Valverde, Jorge Santoni y Enzo Ariel Fava fueron imputados provisoriamente por defraudación en perjuicio de la Administración Pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal, al considerar que con la certificación de recepción habrían permitido concretar el pago de la millonaria contratación pese a que los bienes no habían sido efectivamente entregados ni cumplían con las condiciones pactadas.
La investigación continuará ahora con la producción de nuevas pruebas para determinar la responsabilidad de cada uno de los imputados en la presunta maniobra que habría ocasionado un importante perjuicio económico a la Provincia de San Juan.
Ante la jueza Flavia Allende los imputados debieron responder diferentes preguntas para tener un registro sobre su persona, aunque se abstuvieron de declarar.
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