Una causa por presunta estafa virtual que tuvo como damnificada a una empleada del Poder Judicial de San Juan llegó a un acuerdo de reparación económica en Tribunales. La víctima, Mariana Inés Echegaray Moya, esposa de Mauricio Cerezo, subsecretario administrativo de la Corte de Justicia provincial, recibirá una compensación total de $9 millones tras haber sido engañada en la compra de muebles ofrecidos por redes sociales.
La estafa que tuvo como víctima a una empleada judicial y esposa de un alto funcionario de La Corte
La empleada judicial y esposa de un alto funcionario de la Corte de Justicia de San Juan compró muebles por una red social y cayó en una estafa.
El expediente comenzó a investigarse luego de que la mujer realizara distintas transferencias bancarias durante 2024 para adquirir artículos para el hogar promocionados en una cuenta de Instagram. Según se conoció en la audiencia judicial, el monto abonado rondó los $6 millones, pero los productos jamás fueron entregados.
Con el paso de los meses y ante la falta de respuestas, la damnificada inició reclamos formales mediante cartas documento y también acudió a organismos de defensa del consumidor en Buenos Aires. Sin embargo, las gestiones no tuvieron resultados positivos y la denuncia avanzó en la Justicia penal.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Duilio Ejarque, quien logró identificar a los responsables de la firma señalada en la maniobra. Se trata de Liliana Cecilia Ivancichi y Brian Javier Amoruso, ambos domiciliados en la localidad bonaerense de Berazategui.
La audiencia de formalización fue encabezada por el juez Gerardo Javier Fernández Caussi. Los acusados participaron de manera virtual mediante Zoom. Durante la exposición, Amoruso decidió no declarar, mientras que Ivancichi sostuvo que nunca existió intención de estafar y atribuyó el conflicto a demoras en las entregas y problemas con la recepción de las notificaciones enviadas por la víctima.
Finalmente, las partes acordaron una salida alternativa al juicio. La defensa oficial, encabezada por Sandra Leveque, aceptó un esquema de reparación integral del daño económico.
El convenio establece que los imputados deberán abonar $9 millones, cifra que contempla tanto el dinero transferido originalmente como una actualización por perjuicios y demoras ocasionadas. El pago se realizará en tres cuotas consecutivas: una durante mayo, otra en junio y la última en julio de este año.