La Justicia investiga un presunto caso de maltrato animal luego de que tres perros de raza dogo fueran secuestrados de la vivienda de un comerciante de San Juan, Franco David Aciar Castillo, tras una denuncia anónima que alertaba sobre el estado en el que se encontraban.
Le quitaron tres perros dogos a un comerciante por tenerlos desnutridos, pero él busca recuperarlos
Los animales fueron secuestrados tras una denuncia anónima que advertía sobre su grave estado de desnutrición. La Fiscalía formalizó la investigación por presunto maltrato animal y ahora deberá determinar si hubo negligencia o si la situación obedeció a los problemas económicos del propietario.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía Genérica durante la audiencia de formalización, la denuncia fue recibida hace aproximadamente un mes y advertía que un macho, una hembra y un cachorro presentaban un evidente cuadro de desnutrición y malas condiciones de cuidado.
Ante esa situación, el ayuyante fiscal Jorge Luis Sánchez solicitó autorización judicial al juez Javier Figuerola para intervenir en el domicilio y secuestrar a los animales. Una vez rescatados, fueron examinados por un veterinario, quien confirmó que los tres presentaban un peso considerablemente inferior al normal para su raza.
Hace unos días se llevó adelante la audiencia de formalización de la causa por presunta infracción a la Ley de Protección Animal. La fiscalía pretendía llegar a una solución alternativa para el acusado, que signicaba no obtener una condena, pero debía entregar los perros.
Pero en la audiencia, la defensa del comerciante, encarnada por la doctora Paola Escudero, se opuso a la formalización y sostuvo que el estado de los perros no obedecía a un acto deliberado de maltrato, sino a la difícil situación económica que atravesaba su cliente.
Además, el propietario manifestó su intención de recuperar a los tres animales, argumentando que desea continuar con su cuidado.
Por su parte, la Fiscalía sostuvo que la investigación recién comienza y que será necesario reunir más pruebas para determinar si existió una conducta negligente por parte del dueño o si el deterioro físico de los perros fue consecuencia exclusiva de las dificultades económicas alegadas por la defensa.
El juez dio por formalizada la investigación penal preparatoria y fijó un plazo de seis meses para que la Fiscalía reúna las pruebas necesarias antes de definir si corresponde avanzar con una acusación o solicitar otra salida procesal.
Mientras tanto, los tres dogos permanecerán bajo resguardo, a la espera de que la Justicia resuelva cuál será su situación definitiva una vez concluida la investigación.