El comerciante sanjuanino Franco David Aciar Castillo, investigado por presunto maltrato animal luego de que rescataran a tres perros dogos con signos de desnutrición, acordó una suspensión de juicio a prueba por un año. Como parte de las condiciones para evitar una condena penal, deberá donar $100.000 a una asociación protectora y cumplir tareas comunitarias.
Maltrato animal en San Juan: un comerciante entregó seis dogos y donará $100.000 para evitar una condena
Además de entregar voluntariamente los perros a una asociación protectora, deberá realizar trabajos comunitarios durante 36 horas distribuidas en cuatro meses.
La resolución se alcanzó en una audiencia judicial en la que la querella no estuvo presente. El acuerdo contempla, además, la entrega voluntaria de los animales que permanecían bajo su responsabilidad, para que queden al cuidado de una organización dedicada a la protección animal.
Entre las condiciones establecidas, Aciar Castillo deberá cumplir 36 horas de trabajo comunitario durante cuatro meses, en el lugar que se determine, y efectuar el aporte económico de $100.000 a la asociación.
La entrega de los dogos y el destino de los animales
El caso se inició tras una denuncia anónima que alertó sobre las condiciones en las que vivían tres perros de raza dogo en la vivienda del comerciante. Según lo expuesto durante la investigación, un macho, una hembra y un cachorro de seis meses presentaban un cuadro evidente de desnutrición.
A partir de esa denuncia, el ayudante fiscal Jorge Luis Sánchez solicitó autorización judicial para ingresar al domicilio y secuestrar a los animales. Posteriormente, un veterinario constató que los tres tenían un peso considerablemente inferior al esperado para su raza.
Durante la audiencia de formalización del caso realizada en junio de este año, la defensa, representada por la doctora Paola Escudero, había sostenido que el deterioro físico de los perros no respondía a una intención deliberada de maltratarlos, sino a las dificultades económicas que atravesaba su cliente. Incluso, el comerciante había manifestado su intención de recuperarlos.
Sin embargo, después de tres meses, la salida alternativa acordada contempla que los animales queden definitivamente bajo el resguardo de la asociación protectora.
La entrega voluntaria comprende dos dogos: un macho y una hembra, y un cachorro ahora de nueve meses, además de tres crías más que tuvo la hembra. Todos van a la asociación "Pitbull en Peligro".
Con el cumplimiento de las condiciones impuestas durante el plazo de un año, el comerciante podrá evitar una condena penal por esta causa. La suspensión de juicio a prueba establece obligaciones que deberá cumplir durante ese período, entre ellas la donación, las tareas comunitarias y el compromiso de que los animales permanezcan bajo protección.