La causa por la presunta megaestafa con venta de lotes en San Juan volvió a tener un capítulo clave este miércoles. Aunque el empresario Rubén Ángel Martín González no estaría conforme con su situación de detención, la Justicia fue contundente y rechazó el intento de su nueva defensa, esta vez pública, por revertir la medida cautelar: seguirá con prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria al igual que su pareja, Denise Robles Bonade, que también está acusada de los mismos delitos.
Megaestafa con lotes en San Juan: Martín “no acepta estar preso”, pero la Justicia ya “le marcó la cancha” otra vez
Una jueza le rechazó el recurso de impugnación presentado por la nueva defensa de Rubén Ángel Martín González y confirmó su prisión preventiva domiciliaria.
La audiencia se realizó en la mañana de este 25 de febrero, donde se trató el recurso de impugnación presentado por el ayudante de la defensora oficial Cecilia Mut, actual representante legal de Martín González. El planteo buscaba dejar sin efecto la prórroga de la medida que había sido dictada en plena feria judicial de enero.
Sin embargo, la jueza Silvina Rosso de Balanza no hizo lugar al recurso y confirmó que el empresario continuará detenido en su domicilio, situado en Santa Lucía.
Durante la audiencia de impugnación, la fiscal de Impugnación Marcela Torres argumentó que la extensión de la medida apunta a proteger la prueba y evitar interferencias en la investigación. Según se expuso, existirían constancias que indicarían intentos de entorpecimiento.
En esa línea, el abogado querellante Néstor “Roly” Olivera advirtió que podrían sumarse nuevas denuncias y ampliarse el objeto de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).
Así, pese a la estrategia defensiva y al malestar que habría manifestado el empresario por su situación procesal, la Justicia volvió a marcar límites claros: la prisión preventiva sigue firme mientras avanza una de las causas por presunta estafa inmobiliaria más grandes de la provincia.
Casi 300 denuncias
La prisión domiciliaria había sido extendida en enero por la magistrada de turno Ana Carolina Parra, luego de un pedido del fiscal Guillermo Heredia, titular de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. La medida se prorrogó por tres meses ante el vencimiento de la cautelar y en función de los riesgos procesales que, según la fiscalía, aún persisten.
La investigación ya acumula 297 hechos formalizados: 156 atribuidos a Martín González y 141 a Denise Robles Bonade. Ambos están imputados por estafa, estelionato y desbaratamiento de derechos en concurso real y en calidad de autores.