Un agente del Servicio Penitenciario Provincial, Gustavo Leandro Alfaro Tejada, quedó preso e investigado por un presunto abuso sexual contra un condenado durante una requisa realizada cuando el interno regresaba de una salida transitoria. El caso fue llevado este miércoles a una audiencia de formalización, en la que el juez ordenó la prisión preventiva del imputado por el plazo de dos meses.
Meten preso e investigan a un penitenciario por violar a un condenado durante una requisa
El hombre, que trabajaba en el Penal de Chimbas, habría cometido un vejamen y habría humillado a un interno que regresaba de sus salidas transitorias.
La Fiscalía Delitos Especiales, representada por el fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera, había solicitado que permaneciera detenido durante tres meses, pero el juez de garantías, Gerardo Fernández Caussi, resolvió un plazo menor. La medida fue ordenada, principalmente, para evitar un posible entorpecimiento de la investigación, es decir, que el acusado pueda influir sobre testigos o afectar la producción de pruebas.
Además del delito más grave, al penitenciario, que tuvo en su defensa al doctor Mario Padilla, se le atribuyeron los delitos de vejaciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las vejaciones consisten, en términos generales, en tratos humillantes o abusivos cometidos contra una persona, mientras que el segundo delito apunta a una presunta violación de las obligaciones que tenía como agente estatal. Los fiscales tendrán un plazo de investigación penal preparatoria de un año, para profundizar en los pormenores de la causa.
Presunta violación durante una requisa
Según expuso la Fiscalía, el hecho ocurrió cuando el denunciante regresaba de una de sus salidas transitorias y era sometido al procedimiento de requisa para volver a ingresar al establecimiento penitenciario.
Durante el control, los agentes advirtieron la presunta presencia de un elemento extraño en el interior del cuerpo del interno. Sin embargo, esa sospecha fue descartada posteriormente tras la intervención de profesionales del Hospital Marcial Quiroga.
Para los investigadores, durante ese procedimiento se habría producido el abuso. La Fiscalía evitó brindar detalles por tratarse de un delito contra la integridad sexual, pero remarcó que el protocolo establecía que la intervención que se habría realizado debía estar a cargo de personal médico y no de un agente penitenciario.
Prisión preventiva para el penitenciario investigado
La Fiscalía también pidió que el acusado no quedara alojado dentro del Servicio Penitenciario Provincial, debido a su relación laboral con potenciales testigos del caso. El juez coincidió con ese planteo y destacó que el agente conoce a quienes podrían declarar durante la investigación e incluso podría existir una relación de subordinación con internos que presenciaron o conocen lo sucedido.
Por ello, y rechazando la oposición de la defensa, el juez Fernández Caussi solicitó que Alfaro quede alojado en la Central de Policía.
Entre las pruebas reunidas figuran cámaras de seguridad, cuyos registros ya fueron obtenidos y analizados. Además, se realizó una rueda de reconocimiento de personas, luego de que el denunciante describiera la vestimenta de quien, según su acusación, cometió el ultraje.
La Fiscalía no descartó que otros funcionarios puedan ser investigados a medida que avance la causa. Por el delito más grave que se le atribuye, el penitenciario enfrenta una pena de entre 8 y 20 años de prisión, una circunstancia que también fue considerada por el juez al resolver su encarcelamiento preventivo.
La investigación fue formalizada y ahora la Fiscalía tendrá un año para profundizar la recolección de pruebas y determinar si existen otras personas involucradas.