Una nueva investigación por presunta estafa sacude al sector inmobiliario y de la construcción en San Juan. Dos arquitectos locales y un conocido empresario del rubro quedaron formalmente imputados bajo la sospecha de haber montado una maniobra para quedarse con 240.000 dólares. El dinero había sido solicitado como un préstamo a dos abogados con la promesa de invertirlo en un complejo de departamentos, pero nunca fue devuelto.
Millonaria denuncia penal: imputan a dos arquitectos y a un empresario por presunta estafa de 240 mil dólares
La Justicia local investiga una maniobra vinculada a un desarrollo inmobiliario en Rawson. Las garantías ofrecidas a los damnificados no existían al momento de firmar el acuerdo.
Los acusados en la causa son Esteban Fernández De Cieza y María José Garcés Correa, junto al empresario Ricardo Javier Sánchez Montilla. El fiscal Nicolás Alvo, a cargo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, encuadró el caso bajo la figura de estafa, señalando a los dos hombres como presuntos coautores y a la mujer como partícipe secundaria.
De acuerdo con la hipótesis que maneja el Ministerio Público Fiscal, el origen del conflicto se remonta a finales de 2023. En ese momento, Sánchez Montilla solicitó el millonario préstamo en moneda extranjera a los abogados Alejandro Oliver Montilla y Nicolás Triviño. El destino declarado de esos fondos era el financiamiento para terminar un complejo habitacional ubicado en el departamento de Rawson.
Para darles seguridad a los prestamistas, entraron en escena los arquitectos Fernández De Cieza y Garcés Correa en calidad de socios del proyecto. Los tres firmaron un documento donde ofrecían como respaldo dos unidades (lotes o departamentos) del mismo complejo en construcción y cuatro vehículos (una camioneta Nissan, un automóvil y dos cuatriciclos).
La sospecha de un engaño planificado cobró fuerza cuando los pagos se interrumpieron de manera definitiva. Al intentar ejecutar las garantías para recuperar el capital, los damnificados descubrieron una maniobra insólita: los bienes ya no existían. Según expuso la fiscalía, el matrimonio de arquitectos había vendido la totalidad de los departamentos y transferido los vehículos particulares hasta siete meses antes de firmar el contrato de préstamo.
Un pacto fallido y la intervención del tribunal
Tras la denuncia penal radicada en octubre de 2025, las partes intentaron llegar a un acuerdo de solución alternativa en febrero de este año. Se había pactado un esquema de refinanciación en cuotas de 20.000 dólares para saldar la deuda. Sin embargo, los imputados incumplieron el compromiso casi de inmediato —los profesionales abonaron solo una cuota y el empresario falló desde el primer vencimiento—, lo que provocó la caída del beneficio y la reactivación de la vía penal.
En la última audiencia, la jueza de Garantías Mabel Moya formalizó la apertura de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) por un plazo de un año. Si bien los tres acusados transitarán el proceso en libertad, la magistrada ordenó el embargo preventivo y la inhibición general de bienes exclusivamente para el matrimonio de arquitectos.
Por su parte, el empresario Sánchez Montilla no recibió medidas cautelares sobre su patrimonio. Su abogado defensor, Agustín Idemi, argumentó ante el tribunal que su cliente no suscribió la documentación contractual y que las garantías ejecutadas correspondían de manera directa a los profesionales de la construcción.
Un apellido con antecedentes
El nombre de Ricardo Javier Sánchez Montilla ya figuraba en el radar de los Tribunales locales. El empresario es uno de los diez imputados en la denominada "megaestafa inmobiliaria" que estalló a fines de 2024, una causa que acumula más de 600 denuncias por comercialización irregular de terrenos y viviendas no concretadas, con un perjuicio global estimado en más de $2.700 millones. Por ese expediente, el implicado había cumplido un período de detención antes de ser excarcelado.
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