El acusado negó los delitos que le atribuyen, sostuvo que existe una motivación política detrás de la causa y defendió la legalidad de las armas secuestradas en su domicilio.
Sergio Vallejos.
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Tras la audiencia en la que la Justicia formalizó una investigación en su contra por presuntas lesiones leves agravadas por el vínculo y tenencia de un arma de fuego sin la debida autorización legal, Sergio Vallejos brindó una rueda de prensa en la que rechazó las acusaciones y denunció una supuesta persecución política.
El dirigente vinculó la causa con otros procesos judiciales que enfrentó en los últimos años y aseguró que existe una intencionalidad detrás de las denuncias en su contra.
Vallejos se refiere a la impugnación que presentó contra la candidatura de Sergio Uñac para ser reelegido como gobernador de la provincia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que posteriormente inhabilitó al actual senador para ser candidato. Y por otro lado a la demanda que le hizo el ministro de la Corte, Marcelo Lima, que lo demandó por 60 millones de pesos por daños y perjuicios tras los pedidos de juicio político que hizo Vallejos.
Vallejos sostuvo que el conflicto que originó la denuncia corresponde al ámbito privado y cuestionó que el Ministerio Público Fiscal haya llevado el caso a la Justicia.
Durante la conferencia, Vallejos también cuestionó que la investigación haya puesto el foco en las armas secuestradas durante el allanamiento realizado en su vivienda. "Escuchamos que se terminó hablando de una pistola que yo tenía, pero nunca se profundizó en los hechos que se me pretenden imputar por lesiones y amenazas. Sin duda, el fiscal no tiene nada", expresó.
Según indicó, la pistola cuestionada fue adquirida hace más de tres décadas y la situación observada por la Fiscalía respondería a una cuestión administrativa. "Es un arma que compré cuando tenía 21 años, hoy tengo 53. Por cuestiones administrativas no está registrada en el nuevo sistema de la ANMAC. No es un arma ilegal, es una falta administrativa", aseguró.
El dirigente comparó la situación con una documentación vehicular pendiente y remarcó que posee condición de legítimo usuario. "Es como tener carnet de conducir. El permiso me habilita a usar armas. Después hay trámites administrativos que pueden estar pendientes. Ellos quieren hacer ver que tengo un arma ilegalmente y no es así", sostuvo.
Uno de los puntos más fuertes de sus declaraciones estuvo vinculado a la supuesta influencia política detrás del proceso judicial.
"Claro que veo una pata política. No dejan pasar una sola oportunidad para ensuciarme. Antes me golpeaban desde lo político o ideológico; ahora se metieron en mi casa", afirmó.
Vallejos reconoció durante la rueda de prensa que posee cinco armas de fuego para uso personal y aseguró que cuenta con las autorizaciones correspondientes como legítimo usuario.
"Soy una persona pública, tengo empresas y me ocupo de la seguridad de mi familia. Nunca tuve antecedentes por mal uso de armas. Fui instructor de la Escuela de Policía y conozco perfectamente la responsabilidad que implica tenerlas", indicó.
También destacó una observación realizada por el juez durante la audiencia respecto al régimen legal de tenencia y portación de armas. A su vez, explicó que la causa recién ingresó en la etapa de investigación penal preparatoria y que la Fiscalía contará con seis meses para reunir pruebas. "Por lo que entiendo, son seis meses de investigación. La Fiscalía tendrá que demostrar de qué se me acusa y yo tendré que defenderme. Es un capítulo más de todo esto que me toca vivir", concluyó.
La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, mientras rigen medidas cautelares que incluyen la prohibición de acercamiento y de contacto con la denunciante durante el plazo dispuesto por la Justicia.