Unos 200 trabajadores de la construcción denunciaron este martes en San Juan haber sido víctimas de una estafa millonaria tras recibir una falsa oferta laboral para desempeñarse en una mina en Jujuy. Cada uno habría entregado $200.000 para supuestos trámites administrativos y estudios, pero todo resultó ser una maniobra fraudulenta.
Los damnificados se presentaron en Tribunales para radicar la denuncia formal contra dos personas que se presentaban como ingenieros civiles, Carlos Roberto Pérez y Valeria Páez, con quienes algunos ya habían trabajado en obras menores. Según relataron, la propuesta incluía régimen minero y un salario atractivo, lo que llevó a muchos a dejar sus empleos actuales ante la inminente incorporación.
De acuerdo con la acusación, los señalados exigieron el pago de $200.000 por trabajador para cubrir supuestos “trámites en UOCRA” y una presunta “multa por provenir de otra provincia”, lo que permitiría agilizar el ingreso a la mina. Con el correr de las semanas, los plazos se extendieron pese a que los obreros ya se habían realizado los estudios preocupacionales exigidos.
La sospecha se confirmó cuando los trabajadores decidieron comunicarse directamente con la empresa minera en Jujuy. Desde la firma les informaron que no existía ningún proceso de contratación bajo esa modalidad y que desconocían a los supuestos ingenieros intermediarios, lo que terminó por evidenciar la maniobra.
En paralelo, los denunciantes aseguraron que la clínica donde se realizaron los estudios médicos tampoco habría recibido pago alguno, por lo que el centro de salud también figuraría como damnificado en la causa.
“Muchos se quedaron sin trabajo por la promesa de ir a Jujuy. Pérez no nos atiende el teléfono y no nos quiere devolver el dinero que transferimos por Mercado Pago”, expresó uno de los afectados. Según indicaron, habría casos similares con trabajadores de Tucumán y Mendoza, lo que ampliaría la dimensión del presunto fraude.
La Justicia ahora deberá determinar el alcance de la maniobra y si se trató de una estafa organizada con múltiples víctimas, cuyo perjuicio económico superaría ampliamente los 40 millones de pesos.