El puntapié inicial de la Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas (ASAP) fue la presentación ante la Corte de Justicia de un pedido para que en el sistema inquisitivo se apliquen medidas alternativas de solución de conflicto. Esto es, acciones que están vigentes en el flamante sistema acusatorio, pero no en el viejo Código Procesal. Desde la entidad, que ya fue presentada en sociedad y va camino a obtener su personería jurídica, dijeron que no tuvieron respuesta del máximo tribunal, pero sí de la Fiscalía General, que encabeza Eduardo Quattropani. La autoridad del Ministerio Público los convocó, los apoyó y coordinó con ellos la conformación de mesas de trabajo para peticionar en conjunto las modificaciones que consideren convenientes, incluido la aplicación de medidas de conciliación y reparación del daño en el antiguo mecanismo penal.

La reunión entre el fiscal General y los representantes de ASAP fue vista en Tribunales como una señal de apertura y de escucha ante las inquietudes de los profesionales penalistas, a diferencia de la Corte, que encabeza Daniel Olivares Yapur, ya que hasta el momento no los han convocado y no ha salido una respuesta al pedido original. Incluso, algunos abogados habían indicado que, ante el vacío, se sintieron "ninguneados" por la cúpula del Poder Judicial. Es más, al ser consultado sobre el encuentro con Quattropani, el presidente de ASAP, Fernando Castro, dijo que "lo destacable del Ministerio Público es que nos haya reconocido como institución, aun antes de tener la personería jurídica. Nos hubiera encantado tener idéntico trato de otros estamentos, como la Corte, algo que no ha sucedido".

En su momento, al ser consultado sobre la conformación de ASAP y el pedido que habían formulado, Olivares Yapur había indicado que "la Constitución establece que el Foro de Abogados representa a todos los profesionales de la matrícula y el Colegio de Abogados, los intereses gremiales, y con ambas entidades nos hemos reunido. Fuera de eso, somos una Corte abierta y cuando hagan una presentación formal como entidad, lo dialogaremos y analizaremos".

El encuentro entre Fiscalía y ASAP se dio ayer por la mañana. Así, Quattropani manifestó que "invité a los miembros de la asociación pues la miro con beneplácito y creo que tienen mucho que aportar. No me asustan ni las críticas y me interesan los aportes. Es buenísimo, como pasó en la reunión de este viernes, tener con quiénes discutir y analizar derechos y sistemas". Además, destacó que "no sé si tienen personería jurídica ni me importa. No soy de Personas Jurídicas, ni negador del derecho a peticionar. En San Juan nos conocemos todos y sería un necio encerrarme en formalismos". Por otro lado, dijo que "no le voy a pedir a Castro, a Nasser Uzair, a Horacio Merino, a Fernando Echegaray y muchos otros el DNI para que entren a mi despacho. Tienen demasiada trayectoria y yo demasiado respeto por los que se ganan la vida en la calle".

Sobre la reunión, Castro sostuvo que "de hacer una nueva presentación ante la Corte de Justicia, seguro que será acompañada por el Ministerio Público, porque la propuesta que planteamos (incorporar al sistema inquisitivo las medidas alternativas de solución de conflicto) es viable y contribuye a mejorar al sistema" (ver recuadro). En ese punto, Quattropani fue categórico al indicar que "no conozco una petición más racional que esa".

Miembros

La Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas (ASAP) nuclea a unos 50 profesionales del rubro. El objetivo de la entidad es la representación de los intereses de los abogados que litigan en ese fuero, por fuera del Colegio de Abogados, entidad de la que no se sienten representados.

Lanzamiento
 

ASAP se presentó en sociedad el 10 de agosto en las instalaciones del Club Social. Del evento participaron unos 20 profesionales. Entre las medidas iniciales que propusieron figuró firmar un convenio con la Defensoría Oficial para prestar servicios sin gastos para el cliente.

Medidas alternativas

Además de la investigación fiscal, el sistema acusatorio plantea cambios clave dentro del fuero penal. Uno de ellos es la opción que ofrece el Código Procesal Penal para la solución alternativa de conflictos. Esto es, que pueda existir un acuerdo de las partes, defensas y fiscalías, las que deben ser homologadas por el juez, para cerrar la causa.

Entre las opciones figura la mediación penal, la conciliación y la reparación integral del daño. La suspensión del juicio a prueba (probation), esto es, llevar adelante tareas comunitarias y pagar una suma simbólica de dinero, a cambio de que se les borre la mancha penal, y el juicio abreviado ya se aplican en el viejo mecanismo.

Según el nuevo Código, "la aplicación de los modos alternativos de solución de conflictos puede ser solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal, de oficio o a pedido de parte. Los jueces no pueden otorgar, bajo pena de nulidad, medida alternativa alguna sin que exista acuerdo expreso previo del representante del Ministerio Público Fiscal y la defensa".

De acuerdo a las últimas estadísticas del sistema acusatorio, la mayoría de las causas se han resuelto a través de un juicio abreviado. Esto es, el acuerdo entre la fiscalía, la defensa y la querella, para que el imputado acepte una condena.