La ausencia desde marzo del juez titular de la causa, Benito Ortiz, quien se acogió al beneficio de la jubilación, no fue impedimento para que la investigación por la venta irregular de dos plazas del Barrio Foeva retome un impulso. Es que, a pedido de la fiscal Claudia Salica y de su par Ana Lía Larrea, los jueces penales Benedicto Correa (del Quinto de Instrucción) y Guillermo Adarvez (del Tercero), tomaron decisiones que sacaron del letargo al expediente que tuvo en sus manos el magistrado retirado. El primero de ellos sobreseyó a tres implicados, mientras que el segundo ordenó medidas para tratar de determinar quiénes fueron las autoridades del sindicato Foeva que habilitaron la comercialización de los terrenos que iban destinados a la Municipalidad de Rivadavia. Los que quedaron desligados del caso fueron Andrés y Gabriel Nassimof y Sergio Irima Cadenas, quienes habían adquirido uno de los predios de manos de Paola Oliver Balaguer. La mujer, al igual que Blasco Novaro, exsecretario de Finanzas del gremio, y Juan Carlos Lirio, el otro comprador del espacio verde, siguen en la mira de la Justicia.

Se investiga un tipo especial de estafa que es el desbaratamiento de derechos acordados.

La polémica por las ventas de dos terrenos del Barrio Foeva, que iban destinados a plazas de la comuna, se originó a principios de 2018, luego de que el exministro de Gobierno Emilio Baistrocchi tomara conocimiento de la queja de los vecinos de esa zona de Rivadavia por la inminente construcción de un centro comercial en uno de los predios. A través de Fiscalía de Estado, la provincia denunció el hecho, lo que derivó en una investigación que recayó en el Primer Juzgado de Instrucción, a cargo de Ortiz. La causa avanzó a pedido de las fiscales, al punto que desde septiembre pidieron el sobreseimiento de los hermanos Nassimof y de Cadenas y el procesamiento de Lirio. Según fuentes judiciales, reiteraron la solicitud en diciembre, en la que agregaron el el planteo para que también procese Oliver Balaguer y Novaro. Desde el Juzgado que conducía Ortiz habían dicho que iba a resolver las situaciones procesales antes de abril, fecha en la que el magistrado pensaba jubilarse, pero no sólo no lo hizo, sino que, inclusive, Salica y Larrea le presentaron un pronto despacho en febrero. El juez adelantó su retiro en marzo, a raíz de la reforma en las jubilaciones de privilegio que impulsó el presidente Alberto Fernández. Sin embargo, fue convocado a prestar servicio, aunque luego quedó dispensado por encontrarse dentro del grupo de riesgo por la pandemia. Así, los subrogantes Correa y Adarvez movieron el expediente. Uno de los pasos clave lo dio el titular del Quinto de Instrucción, que dio respuesta a los reiterados pedidos de las fiscales para que se desvincule a los Nassimof y Cadenas, lo que Ortiz no resolvió en seis meses. Por otro lado, su par del Tercero Instrucción le dio curso al pedido de la fiscal Salica, quien había solicitado que se tomen medidas, como acceder a las actas del gremio Foeva a nivel nacional en las que, al parecer, consta que los predios iban a ser donados al municipio, indicaron las fuentes. La polémica se dio porque la decisión gremial cambió y los terrenos fueron entregados a Oliver Balaguer a cambio de servicios prestados. El que resolvió la entrega de una de los terrenos, a pesar de tener la misión de donarlo, fue Novaro. La mujer vendió los dos terrenos, uno a Cadenas y los hermanos Nassimof, y el otro a Lirio. Al avanzar la causa, los tres primeros donaron el predio al municipio, y según fuentes calificadas, Lirio quedó implicado por "insertar en la escritura hechos falsos", ya que el predio se asentó como baldío cuando era una plaza.