Sarmiento será el primer departamento de la provincia en tener una Casa de Justicia, la cual tendrá la misión de facilitarle el acceso a la Justicia a la gente con menos recursos económicos.

La "casa" es algo simbólico, ya que funcionará en el CIC de ese departamento. Allí habrá psicólogos, abogados y trabajadores sociales para asistir las distintas problemáticas que se puedan presentar. Y la justicia orientará las medidas a seguir a través de la jueza de Paz Letrada, Alejandra Domanico.

Este sistema se realizará mediante un convenio que firmarán mañana la Corte de Justicia y la municipalidad de Sarmiento, según precisó ayer el intendente Alberto Hensel.

El Poder Judicial se compromete a brindar asesoramiento y capacitación al personal que el municipio afecte al trabajo de la Casa de Justicia.

Según los considerandos del convenio a firmar, la intención es "intentar modelos de prestación que complementen el trabajo de aquellas y permitan ir superando algunos obstáculos o dificultadas que impiden el efectivo acceso a la justicia de las personas de menos recursos".

El acceso a justicia de la gente más carenciada es una vieja preocupación de las autoridades judiciales y gubernamentales. Incluso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación impartió directivas para que los poderes judiciales provinciales busquen medidas que ayuden a los sectores de menos recursos de la sociedad a tener acceso a la justicia.

Y ésta es una de las dos principales patas que en la provincia encararon bajo esa premisa. La otra tiene que ver con un proyecto de que los Defensores Oficiales vayan a la gente en los departamentos. No como ocurre ahora (ver recuadro).

Según el convenio, este trabajo en red entre las distintas reparticiones, como el Poder Judicial (Corte de Justicia y Ministerios Públicos) y Municipios, facilita las instancias alternativas de resolución de conflictos, como una adecuada derivación a las defensorías oficiales, servicios o programas que ofrecen esas instituciones.

Cabe destacar que en la Casa de Justicia se dará atención a las personas de escasos recursos, cuya figura está estipulada legalmente, por lo que no existe algún tipo de competencia con el ejercicio de la abogacía privada.