San Juan, 17 de mayo.- Luego de que una mujer que estuvo contratada en la Municipalidad de Ullum, Mariela Benita Castro Tejada, denunciara ayer al intendente ullunero Daniel Albarracín por haber creado una supuesta empresa fantasma para facturarle servicios a la comuna que nunca se habrían prestado, el jefe comunal salió al cruce. Albarracín aseguró que “le sorprendió esta situación” pero que estas maniobras tienen un trasfondo político, refiriéndose al diputado Leopoldo Soler como el ideólogo.

“Nos cayó de sorpresa todo. Vino la policía y la Justicia se llevaron los expedientes, los comprobantes y las facturas. Gracias a Dios tenemos todo en regla y nos ponemos a disposición pero aquí hay un trasfondo político. Creo que el diputado sigue buscando la forma de que no termine el mandato ni llegue a las próximas elecciones”, expresó Albarracín.

El jefe comunal señaló que el diputado Leopoldo Soler quiere perjudicarlo desde que se cruzó de vereda y se fue al Frente para la Victoria. “Es un tipo rebelde que siempre trata de difamarme o ensuciarme. Vamos a declarar y si tenemos que hacer una contradenuncia la haremos. Nos vamos a poner a disposición de la justicia”, dijo.

Albarracín contó que Gonzalo Miguel Andrada, un joven de 21 años que padece de retardo de madurez e hijo de la denunciante, es el titular de la empresa Mari Mar que se encargaba de la limpieza y mantenimiento en el municipio. “Tenemos cámaras de pruebas de cuando ella venia a cobrar con el hijo al municipio. Ella tenía una empresita y nosotros la tratábamos de ayudar. No pueden decir que es una empresa fantasma porque el chico firmaba todo. Yo la respeto a la mama pero creo que se equivocó, la tentaron y creo que la Justicia va a resolver esto”, manifestó.

El intendente puso en duda que el joven "sea discapacitado mental" como aseguran desde la parte denunciante. "Para mí no es discapacitado como dicen. Se que estaban haciendo todo lo posible para hacerle una pensión pero tengo entendido de que no", alegó Albarracín.

La denuncia fue patrocinada por la abogada Yanina Natalia Olmos, que es socia del abogado Leopoldo Soler, el diputado departamento por Ullum y con quien Albarracín mantiene un fuerte enfrentamiento. La acusación es contra el Intendente por los delitos de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta. Y fue formulada ante la Fiscalía de Instrucción Nro. 2, a cargo de Fabricio Médici, con intervención del titular del Primer Juzgado de Instrucción, Alberto Benito Ortiz. Como se trata de delitos en el marco de la administración pública, aún en el caso de que el jefe comunal fuera encontrado culpable no irá preso.