La escandalosa causa de la AFIP, en la que un grupo de personas se encargaba de borrar deudas y otras vendían facturas truchas, ingresará en su etapa final este miércoles cuando comience el juicio en el Tribunal Oral Federal local. La presunta red delictiva estaba integrada por contadores y exempleados del organismo recaudador, que tenían como objetivo defraudar las rentas de la Nación. El debate será presidido por el juez sanjuanino Hugo Echegaray, quien estará acompañado del mendocino Daniel Carelli y la puntana Gretel Diamante, mientras que por el Ministerio Público Fiscal estará Francisco Maldonado.

Son 14 las personas que estarán sentadas en el banquillo de los acusados, con distinto grado de participación dentro de la presunta red delictiva. Según consta en el expediente, los implicados son: el contador Cristian Olmos y Daniel Humberto Fornari, quienes figuran como coautores del delito de asociación ilícita fiscal, en carácter de jefes u organizadores; Rubén Darío Falcón, Walter Doublas Prividera y Manuel Francisco Montivero Miranda, como integrantes de esa asociación. Estos últimos eran empleados de la AFIP que cumplían la misión de manipular el sistema informático de la entidad para borrar las deudas impositivas. En los casos de Julio Andrés Ayala y Raúl Ricardo Peña, eran quienes vendían facturas truchas, mientras que Luis Alberto Alé ofrecía el servicio de borrado de deudas. Otras de las personas que aparecen como integrantes de la banda son César Esteban Vignoli y Fernando Jolivot, quienes habrían sido los responsables de captar clientes, según señala la acusación. Edmundo Novelli, uno de los dueños de la franquicia de helados Grido, también está en la mira, pero con una menor participación, ya que se vio beneficiado con la supresión de los impuestos en la AFIP. Por último están Héctor Quirós, quien transfería saldos inexistentes de libre disponibilidad, y Antonio Ribas, que junto a Antonio Monteleone cumplían tareas menores.

Si son condenados, a Olmos y Fornari les tocará penas que van de cinco a diez años, es decir, de prisión efectiva, mientras que para los demás les corresponderían sanciones excarcelables. La megacausa se disparó en 2009 por una denuncia de la AFIP. Con esa presentación y tras la investigación del organismo recaudador, el juez Leopoldo Rago Gallo dispuso el entrecruzamientos de datos, recolección de prueba y escuchas telefónicas, hasta que en 2016 se dieron las primeras detenciones. El magistrado procesó a 14 implicados, lo que fue confirmado por la Cámara Federal de Mendoza.