Esta novedad es una de las tres patas de un plan oficial que se anunció ayer, con la firma de un convenio entre José Luis Gioja y la Corte de Justicia de San Juan encabezada por su presidente Abel Soria Vega, para que el Ejecutivo y el Judicial se complementen con tecnología. Las otras dos mejoras se prevén con la implementación de la comunicación on line y certificación de firma electrónica en los procedimientos, y con la creación de una base única de datos de antecedentes penales jurídicos y policiales, según informó ayer el ministro de Gobierno, Emilio Fernández. Con el proyecto, quieren mejorar los tiempos y las funciones de la estructura de seguridad de la provincia, lo que permitirá que recursos humanos y dinerarios se usen para otros fines, como la prevención del delito, apuntó el funcionario.

El plan consiste en juntar las bases informática policial -básicamente la estructura del llamado sistema "911"- con la judicial, mediante software y capacitación, cuyos costos aseguran oficialmente que no están calculados pero que no serán muchos y que correrán a cuenta de los presupuestos de cada poder.

La experiencia con los presos consistirá en usar una sala de videoconferencia que ya existe en tribunales y una que se creará en el Servicio Penitenciario, lo que permitirá que con un sistema de turnos, los detenidos junto a sus abogados, casi sin moverse, presten declaración ante el magistrado. Hoy el sistema implica un costoso operativo que incluye hombres y movilidades, además del riesgo de fugas y agresión a terceros más la congestión en Tribunales ya que actualmente trasladan unos 30 internos al día, dijo Fernández. La teleconferencia, estimó, servirá para la mayoría de los casos.

También resaltaron las autoridades que el otro eje del plan, la comunicación on line en los operativos que requieren por ejemplo órdenes de allanamiento, de liberación y uso de planillas prontuariales, permitirá agilizar bastante los tiempos en seguridad y justicia. La idea es reemplazar el papeleo que requiere de policías moviéndose físicamente de un lugar a otro, por un sistema de autorizaciones on line entre la Central de Policía y el Juzgado de turno.