La crisis económica generada por la pandemia del coronavirus golpea todos los sectores y, mientras el desempleo en la provincia está en alza, la Justicia está actuando como fuente laboral para los abogados y personas de otras profesiones. Es que la futura implementación del sistema penal acusatorio (investigación fiscal) ha abierto la puerta a una importante cantidad de interesados. En el concurso externo para 41 cargos de funcionarios judiciales se anotaron unas 500 personas, mientras que la Corte de Justicia echará mano al examen de ingreso que realizó en 2018 para incorporar a 105 postulantes en los puestos de escribientes. A esas cifras se le debe sumar el proceso para la designación de 30 magistrados, en el que participan 280 candidatos, entre los que hay personal judicial y litigantes. Además, hay un concurso interno para 24 lugares, que sólo es para personal judicial, en el que juegan unos 180 interesados.

El sistema acusatorio implicará que la investigación de los hechos delictivos pase a manos de los fiscales, por lo que los jueces abandonarán esa tarea y se dedicarán a controlar que se respeten las garantías constitucionales de los sospechosos. El mecanismo implica un cambio radical y apunta a dar mayor celeridad a la resolución de causas. El peso ahora estará en la cantidad de agentes del Ministerio Público Fiscal y los ayudantes fiscales, quienes estarán en la calle y trabajarán coordinadamente con la Policía.

La presidente de la Corte, Adriana García Nieto, había dicho que el objetivo es que empiece a funcionar en febrero, por lo que se dispararon los concursos para reforzar el recurso humano.

De acuerdo a las estadísticas del máximo tribunal de 2019, hay 1.694 abogados matriculados en ejercicio. El titular del Ministerio Público, Eduardo Quattropani, reconoció que la puesta en marcha del sistema acusatorio ha significado una "fuente laboral para la abogacía", aunque resaltó que no es que el Poder Judicial esté incorporando personal de forma desmesurada, sino que obedece a las necesidades del nuevo procedimiento y que, de acuerdo al esquema que han realizado con la Corte, "es el más barato del país", debido a que cubren todo el territorio con la distribución de los ayudantes fiscales en las tres Unidades Fiscales de Investigación (UFI). De hecho, por el impacto económico del coronavirus, las autoridades judiciales ajustaron los números, de acuerdo a la realidad, para poder comenzar con el procedimiento, el cual ha contado con el aval, además, del Poder Ejecutivo y el Legislativo.

La mayor cantidad de incorporaciones se dará del examen de ingreso de 2018, dado que se escogerán a 105 personas, dijeron desde la Corte. Dicho concurso tuvo 546 aprobados. En junio de 2019 habían entrado al Poder Judicial 44 participantes y en noviembre de ese año se sumó otra tanda de 44 para el personal técnico y administrativo.

En el concurso externo para abogados hay 41 cargos en juego, 20 para secretario del Ministerio Publico, tres de secretario de Juzgado y Registro Público de Comercio, 15 de prosecretario auxiliar y tres de secretario de Justicia de Paz Letrada. En esta competencia se anotaron unos 500 abogados. Para la designación de 30 magistrados (fiscales, jueces, defensores) se inscribieron 280 personas.

Y el último proceso es interno, es decir, para el personal que ya trabaja en el Poder Judicial. Ahí son 24 puestos, 10 para secretario del Ministerio Público, tres de secretario de Juzgado y Registro Público de Comercio, ocho de prosecretario auxiliar y tres de secretario de Justicia de Paz Letrada. La competencia se dará entre unos 180 interesados.

Infraestructura

En la Corte de Justicia decidieron mudar los juzgados civiles del edificio de Tribunales hacia el anexo Jujuy para liberar espacio y que ahí funcione la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) denominada genérica. Otra estará ubicada en el Cavig y la restante, en el Centro Anivi.