Las escandalosas cifras de las contrataciones de los seguros de ART para los estatales, el seguro para los alumnos y la cobertura para vehículos del estado que DIARIO DE CUYO publicó en diferentes oportunidades, recayeron ayer en una denuncia penal que fue presentada en la Justicia local, en la fiscalía de turno.

El escrito fue firmado por los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí en carácter de ciudadanos sanjuaninos, por entender que debe investigarse los elevados precios que se pagaron durante años al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) por la prestación de varios servicios a la provincia y si la contratación directa, sin pasar por una licitación, “constituye un hecho delictivo perseguible de oficio”.

La denuncia para que se “investigue presuntos hechos delictivos contra la administración pública” fue presentada pasado el mediodía en la fiscalía Nº 3, a cargo de Juan Manuel Gálvez, quien ya anticipó a este medio que presentará su inhibición hoy a primera hora.

Su decisión se debe a que él está casado con la sobrina de Walter Lima, secretario de la Gobernación en la gestión anterior y quien tenía a cargo la contratación de los seguros a través de un convenio firmado con la provincia de Entre Ríos. Gálvez explicó que “es una obligación ética y los fiscales tenemos estar insospechados cuando actuamos en una causa”.

Desde el 2005 y hasta enero del 2017, el IAPSER fue la única empresa que le prestó a San Juan el Servicio de ART para los empleados estatales y la policía, con un desembolso para el año que pasó de 503 millones de pesos.

Tras conocerse los precios que las empresas interesadas ofrecieron en la licitación llevada adelante en diciembre, esa cifra fue la que llamó la atención ya que las aseguradoras, incluida el IAPSER, presentaron ofertas mucho menores, siendo la más barata y la ganadora de la compulsa Provincia ART. Esa empresa ofreció cobrar poco más de 15 millones de pesos por mes, lo que representa un ahorro en las arcas provinciales de 300 millones de pesos anuales.

Esa situación se repitió en febrero, cuando el estado licitó el seguro para los alumnos, presentando el IAPSER una oferta 46 por ciento más baja de lo que cobra actualmente.

Haciendo referencia esos hechos, Arancibia y Seguí piden que se investigue lo ocurrido y proponen que se pidan pruebas (ver recuadro) y que el encuadre de la causa sea “fraude en perjuicio de la administración pública” y “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos” o lo que el fiscal y el tribunal interviniente crean conveniente.