A los 15 años, una adolescente empezó a sufrir intensos dolores en la zona de la cadera y, al no encontrar solución en la provincia, acudió al Hospital Garrahan de Buenos Aires, en donde descubrieron que tenía un tumor maligno en el hueso ilíaco. Así, tras sesiones de quimioterapia, la joven debió enfrentar una operación de sumo riesgo para su vida, que incluyó la extirpación del tumor y la reconstrucción de la parte afectada a través de una prótesis, la cual debía suministrar la Obra Social Provincia (OSP). Sin embargo, tras el pedido del centro de salud porteño y de los trámites que hizo la madre, la prótesis nunca llegó, por lo que los médicos sacaron la menor cantidad posible de hueso para evitar que se movilizara en silla de ruedas, aunque la paciente sí quedó renga de por vida. En líneas generales, ese fue el eje de la demanda que había planteado la abogada Marcia Miodovsky, a la que le hizo lugar la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, quien condenó a la entidad a pagar una indemnización de 4,2 millones de pesos por la incapacidad física y el daño moral y psíquico, dijeron fuentes judiciales.

El fallo trascendió esta semana y la causa fue por daños y perjuicios debido al incumplimiento de la cobertura de una prestación médica. La madre de la joven trabaja en el Estado, por lo que cuenta con la OSP, al igual que su hija, que es afiliada indirecta y por la que también aporta. Como los médicos locales consultados no pudieron detectar el origen de la dolencia de la adolescente, su madre consiguió el OK de la obra social para su derivación al Garrahan. Los profesionales descubrieron el cáncer y comenzaron con las sesiones de quimioterapia en el transcurso de 2013, hasta que a fines de ese año decidieron llevar a cabo la extirpación del tumor lo más urgente posible y la colocación de una prótesis. Así, en diciembre comunicaron a la entidad sanjuanina la necesidad de la pieza quirúrgica, dado que habían fijado fecha de la intervención para el 16 de enero de 2014. Según las fuentes, la madre fue hasta la OSP y presentó la documentación necesaria, pero los días pasaron y, mientras se acercaba la fecha de la operación, la prótesis no llegaba. Incluso, un día antes, una tía volvió a hacer el trámite, pero la obra social nunca mandó el material quirúrgico. Frente a esa situación, los médicos sacaron menos hueso para que la joven pudiera caminar, pero, como quedó tejido sospechoso, le aplicaron radioterapia al hueso para eliminar cualquier rastro del tumor, lo que, a su vez, produjo que ya no se pueda poner una prótesis, explicaron las fuentes.

Desde la defensa se planteó que la OSP, ante la inminente cirugía, sacó una resolución el 15 de enero de 2014 en la que aprobó la entrega de la prótesis y autorizó el depósito por 12 mil pesos a favor de la madre de la joven, pero con el compromiso de pago a través de una garantía. Así, el área Legal le achacó la supuesta responsabilidad a la mamá porque no cumplió con dicho requisito.

De acuerdo a las fuentes, esa postura fue duramente cuestionada por la jueza, quien señaló que "roza lo absurdo" y que muestra el desapego por el interés superior de la niña, teniendo en cuenta que había una menor que debía someterse a una operación impostergable por una enfermedad "mortal" y que, encima, desde el área Médica habían considerado que el costo de la prótesis era favorable para la obra social. Incluso, hizo referencia a que la decisión estuvo apartada de toda norma legal y constitucional y que hubo un criterio mercantilista. Además, indicó que la garantía era de cumplimiento imposible, dado que la madre se encontraba en Buenos Aires cuidando a su hija.