Tras un fallo condenatorio de primera instancia, la provincia había intentado revertir la sentencia con una presentación ante la Cámara Civil. El planteo fue dirigido a comprobar que no fue la responsable por el hecho que ocurrió el 25 de febrero de 2015 y por el que un alumno de la escuela agrotécnica de Jáchal perdió su mano izquierda al introducirla en una máquina trituradora de tomate. Pese a la insistencia de sostener que fue la conducta del joven la que produjo el siniestro, el Estado recibió un nuevo revés judicial, ya que los camaristas entendieron que le cabe responsabilidad por ser la dueña del establecimiento educativo, por lo que debe ser condenada a desembolsar uno 30 millones de pesos al joven, incluida la prótesis que se le debe colocar, indicaron fuentes judiciales.

El intento de la provincia por revertir el fallo no es menor, ya que no sólo se trata de una suma considerable de dinero sino que la decisión puede ser utilizada como base para otros accidentes que ocurran dentro de una escuela y en los que estén involucrados menores de edad. En el caso particular del siniestro que se produjo en Jáchal, las fuentes habían calculado que el Estado iba a tener que realizar un desembolso cercano a los 36 millones de pesos por la sentencia de primera instancia, mientras que desde el círculo cercano a la familia del joven estimaban unos 22 millones de pesos. Así, con el nuevo valor, unos 30 millones de pesos, desde ese sector entienden que el nuevo fallo es superador, mientras que algunos interpretan que beneficia a la provincia. Por su parte, el único camino que le queda al Estado para revertir la sentencia, es llegar a la Corte de Justicia.

La diferencia del cálculo del monto indemnizatorio se produjo por un pedido que hizo el abogado que representó al menor, Pablo Alcalá, y al que los camaristas le dieron la razón. El profesional había apuntado contra el fallo de primera instancia por haberse utilizado el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente al momento del hecho, para llegar al valor final de la incapacidad física sufrida, esto es, lo que pudo haber ganado como trabajador hasta la edad promedio que pudiere alcanzar, desde los 17 años hasta los 75. El abogado entendió que se debió utilizar para el cálculo el valor SMVM al momento de la sentencia, el que fue dictado en junio del año pasado. La diferencia es sustancial, ya que sobre el primer cálculo el Estado debía pagar 2.669.334 pesos, más los intereses por los años transcurridos, mientras que ahora el valor asciende a los 14.304.379 pesos, con el interés transcurrido desde que se dictó la sentencia. El nuevo cálculo también impactó sobre el daño moral que pasó de los 400.000 a los 800.000 pesos. Además, al total se le debe sumar 6.150.000, correspondiente al valor de adquisición de la prótesis que necesita el joven, monto que debe ser actualizado, por lo que se estima que alcanzará los 10 millones de pesos. Así, el desembolso final alcanzará los 30 millones de pesos, indicaron las fuentes. Lo es lo único ya que la provincia debe hacer frente al mantenimiento de la prótesis, estimado en 3.000 dólares al año. Junto a la provincia, también fue condenado el Instituto Autárquico del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), con 50 mil pesos, como límite de cobertura.

El primer castigo contra la provincia lo había dictado en junio del año pasado la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, lo que fue confirmado esta semana por los jueces de la Sala IV de la Cámara Civil. El voto principal estuvo en manos de Juan Jesús Romero, quien tuvo el respaldo de sus pares María Eugenia Varas y María Josefina Nacif.

Prótesis

3.000 Son los dólares por año necesarios para el mantenimiento de una prótesis especial de mano izquierda.

Accidente

2015

Se produjo en febrero cuando los alumnos fueron convocados para realizar un trabajo práctico en vacaciones.

Mediación

2017 En marzo se vio fracasada la mediación obligatoria, por lo que se corrió traslado de la demanda a Fiscalía de Estado.

Sentencia

2021 Tras la clausura de las pruebas y la presentación de los alegatos, la jueza Tettamanti falló contra la provincia.

Confirmación

2022 Tras la apelación de las partes, la Sala IV de la Cámara Civil dictó un nuevo fallo condenando a la provincia.