El contratado del IPV, que fue denunciado por pedir plata para adjudicar casas de la repartición, intentó zafar del juicio en su contra al tratar de conseguir una suspensión de juicio a prueba (probation). Si bien el planteo no fue presentado formalmente, fue expuesto por la abogada del imputado ante la UFI Delitos Especiales, cuyos fiscales a cargo de la causa lo rechazaron. El motivo fue simple: tal beneficio no aplica para los funcionarios públicos. Aunque Eduardo Maximiliano Varela era personal contratado, el fiscal Coordinador Adrián Riveros explicó que su situación es equiparable al de un funcionario. Así, el sospechoso va camino a sentarse en el banquillo de los acusados el año que viene.

Riveros confirmó los detalles de la causa y que Fiscalía tiene tiempo hasta marzo del año que viene para indagar más sobre los hechos que fueron denunciados por el titular del IPV, Marcelo Yornet. En el expediente tramitado en la UFI Delitos Especiales, en la que también participa el fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal César Recio, aún restan pericias a celulares, cuyos informes pueden arrojar más pruebas o, incluso, la posible participación de más implicados.

De acuerdo a lo que indicó Riveros, Varela está imputado provisoriamente de estafas reiteradas contra la administración pública, exacciones ilegales (coima) e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, remarcó que, de acuerdo a los testigos y a quienes se presentaron como damnificados, se comprobó que el contratado del IPV le solicitó fondos a, por lo menos, 21 personas, por lo que son 21 hechos de estafas. Así, de ser condenado, el ahora extrabajador estatal recibiría un castigo por cada uno de esos episodios. A su vez, indicó que la suma recaudada por Varela alcanzaría los 2,5 millones de pesos, los que, hasta el momento, no han podido ser recuperados.

Sobre el mecanismo, el fiscal indicó que Varela operaba en el mismo edificio del Centro Cívico, ya sea en el área de Adjudicaciones como en la planta baja. A esos lugares llegaban los "clientes", quienes le entregaban diferentes sumas de dinero, con el compromiso de que serían adjudicatarios de una casa. A su vez, Riveros explicó que hay otras dos personas involucradas, Adrián Sánchez y Cintia García, quienes no son trabajadores del Estado y que le contactaban clientes a Varela. Ambos quedaron implicados en dos de las estafas. Entre las pruebas figuran llamadas, mensajes de texto y también transferencias bancarias.

Luego de reunir todas las pruebas, Fiscalía avanzará a la audiencia de control de acusación.