El secretario general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), Pascual Manchineles, y el asesor legal del gremio, el abogado Antonino D'Amico, irán a juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal de San Juan el jueves, a partir de las 9, acusados de haber cometido perjuicio en contra de la administración pública nacional, según confirmaron ayer fuentes del organismo judicial.

Según consta en las fojas 15 y 16 del auto de procesamiento del 14 de octubre del 2004, dictado por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, D'Amico habría cobrado en forma simultánea una jubilación por invalidez (desde 1987 hasta abril del 2001) y una remuneración en el sindicato y la mutual de los municipales (desde julio de 1994 hasta diciembre de 1998), además de otro sueldo en el Gobierno de la provincia (desde marzo del 2000 hasta junio del 2002) y otro haber en la Municipalidad de la Capital (había sido reincorporado como agente a partir del 1 de enero del 2000).

En el caso de Manchineles lo acusan por haber pagado las remuneraciones a D'Amico, en su carácter de empleador en el SUOEM y en la mutual AMOEM. Y también está acusado en otra causa por cobro doble (ver aparte).

La superposición de haberes está prohibida por el artículo 59 de la ley 4266, que establece que el goce de la jubilación por invalidez es incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia. La estafa, en este caso, sería contra el Estado nacional, que paga las jubilaciones.

A D'Amico le imputan la presunta comisión de los delitos previstos en los artículos 174 (inciso 5) y 293 del Código Penal. El primero establece una pena de 2 a 6 años para aquel que "cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública". El segundo artículo fija una pena de 3 a 8 años al que inserte declaraciones falsas en un instrumento público "concernientes a un hecho que el documento deba probar".

Esto último es porque -según el auto de procesamiento- "de acuerdo a las declaraciones juradas presentadas ante las autoridades correspondientes, figura la del reempadronamiento en poder de la Anses del año 1997, del cual surge que D'Amico declaró no continuar en actividad en relación de dependencia en organismo privado u oficiales". A Manchineles le imputan la presunta infracción a los mismos artículos del Código Penal. Los delitos son excarcelables por lo que ninguno de los dos irá preso si resulta condenado.

Ninguno de los miembros del Tribunal Oral de la provincia será parte del jurado en el proceso porque tanto Carlos Parra como Hugo Echegaray y en su momento Juan Carlos Turcumán, ahora jubilado, fueron recusados por la defensa de los dirigentes gremiales. Y también porque ya les tocó resolver apelaciones planteadas por la defensa. Por eso el tribunal estará integrado por los jueces Raúl Fourcade y Pedro González, ambos de San Luis, y por Roberto Naciff, de Mendoza. La fiscal será Cecilia Kelly, según informaron fuentes del tribunal.

La causa es de larga data. Llegó al fuero federal el 10 de mayo del 2002, cuando la derivó el juez Guillermo Adarvez, luego de declararse incompetente por tratarse de un presunto perjuicio contra el Estado nacional. La demanda fue originalmente presentada por Horacio Vilches, un ex sindicalista municipal ya fallecido, que había sido compañero de D'Amico y Manchineles, pero que se distanció de los dirigentes y hasta su muerte los criticó.

Cuando fue procesado, Manchineles habló de una "persecución política y gremial".

El sábado pasado, en la radio de los municipales, D'Amico criticó a la Justicia y pidió "imparcialidad".