El empresario Hugo De Bernardo buscará un acuerdo con la provincia para reintegrar los fondos que le fueron girados de más desde el Ministerio de Turismo para zafar de la causa penal en la Justicia por retención indebida de bienes. La estrategia fue adelantada por su defensor, Miguel Dávila Saffe, pero fuentes judiciales aseguraron que ese camino no llegará a buen puerto porque el Código Procesal Provincial no contempla un mecanismo de mediación o conciliación entre las partes para arribar a lo que se denomina la reparación integral del daño, por lo que un acuerdo entre el imputado y Fiscalía de Estado no es aplicable. Además, tal convenio debe ser avalado por el fiscal, titular de la acción penal, y el jefe del Ministerio Público, Eduardo Quattropani, ha dejado sentado su rechazo a la instrumentación de un sistema que no está regulado ni vigente.

De Bernardo y su socio Adrián Infante, de HDG Producciones, están en la mira por no devolver 3,8 millones de pesos que habían cobrado de más por el montaje del escenario de la Fiesta del Sol 2020. Según indicó Dávila Saffe, "la propuesta de una mediación con Fiscalía de Estado está en trámite" y que, si "en esa instancia se llega a una transferencia del dinero que fue mal depositado, eso jugaría a favor de De Bernardo", por lo que "desaparece el perjuicio". Por otro lado, sostuvo que dicho planteo fue expresado en la declaración indagatoria que dio el empresario ante el juez instructor Guillermo Adárvez a principio de mes, en la que había manifestado que siempre tuvo y tiene intenciones de devolver el dinero extra que le depositó el Ministerio de Turismo. El abogado explicó que, una vez que se pague lo que reclama la provincia, el monto total más los intereses, sólo "se tendría que evaluar la conducta de De Bernardo".

Sin embargo, las fuentes manifestaron que, si hay un acuerdo, se debería dar de manera extrajudicial, ya que la instancia de mediación obligatoria sólo está contenida en los procesos en los que se encuentra en juego el patrimonio de la provincia en el fuero Contencioso Administrativo, instancia a la que Fiscalía de Estado hasta el momento no ha acudido con una demanda.

Si bien en el organismo que representa los intereses de la provincia apuntan a la devolución de los fondos retenidos, desde el Ministerio Público Fiscal no avalarán un acuerdo de reparación integral del daño y la consecuente extinción de la acción penal porque tal alternativa no está contemplada en el Código Procesal local e, incluso, la Corte local ya sostuvo en un fallo que ese tipo de mediación no es aplicable, destacaron las fuentes.

Así, la investigación seguirá su curso hasta que se resuelva su situación procesal. No obstante, si De Bernardo fuese a un juicio y previamente hubiese devuelto los fondos, tal gesto puede ser evaluado por la Justicia para una suspensión de juicio a prueba o probation. Dicho beneficio es aplicable a imputados de delitos cuya escala penal contemple una pena en suspenso (como en el que está investigado el empresario), quienes deben cumplir con pautas de conductas, tareas comunitarias y efectuar una reparación simbólica para que se les borre el antecedente penal, resaltaron las fuentes.