"Anses está en carácter de okupa". La frase es de Oscar de Lara, propietario del amplio y concurrido edificio que el organismo nacional usa para sede, ubicado en Tucumán y Libertador. El particular está en medio de un pleito judicial y amenaza con pedir el desalojo a la fuerza, porque quiere recuperar el inmueble que, asegura, Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) ocupa irregularmente tras vencerse el año pasado el contrato de alquiler. El titular del ente a nivel local, Franco Aranda, aseguró que no hay ocupación irregular y que confía en que se consensuará sin necesidad de llegar al punto extremo del desalojo. Esto último conllevaría un caos en la atención de los jubilados sanjuaninos que todos los días concurren en masa a hacer trámites a esas oficinas.

Según de Lara, el contrato de alquiler con Anses era por 3 años con posibilidad de extenderlo por 2 más y la opción de quedarse por 30 días más pagando un proporcional. "Pero esos 5 años se vencieron el 10 de octubre de 2010 y ellos siguen ahí irregularmente", dijo.

El dueño del edificio -que es un bien familiar- aseguró que 6 meses antes del vencimiento del contrato le enviaron a Anses una nota diciéndole que debía dejar el local. "Nosotros teníamos un cliente para alquilarlo con mejores condiciones", aseguró.

De Lara dijo que como no obtuvieron respuesta, fueron a la Justicia y presentaron una demanda pidiendo desalojo anticipado pero que Anses "nunca contestó nada".

Luego hubo dos audiencias fijadas por el juez federal a cargo del caso, según el denunciante. A la primera no asistió Anses y en la segunda el organismo planteó, según de Lara, que les sorprendía el reclamo y que la situación implica un perjuicio público y social. "¿Y el perjuicio privado? nosotros hemos cumplido en tiempo y forma y ellos no se van porque no tienen dónde irse", se quejó. Agregó que pese a la inflación, el contrato por el alquiler del salón de 1.100 m2 se mantuvo por años en un precio fijo de 9.500 pesos, cuando "hoy cotiza en 50 ó 60 mil pesos". De Lara aseguró que Anses pagó recién por estos días la tercera parte del mes de octubre, a modo de proporcional, "como si venciera ahí el contrato y ellos se hubieran ido. Pero de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, ni una moneda". Para el denunciante, el organismo incluso les debe mucho más que el canon mensual del alquiler porque considera que al terminarse el contrato los meses que siguen deben computarse con un "monto resarcitorio" muy superior a los 9.500 pesos mensuales.

El dueño agregó que mañana es la tercera audiencia de conciliación y que si Anses no lleva el plan de pago y la novedad de irse, pedirán al juez que los desaloje con la fuerza pública.

Por su parte, Aranda dijo que el caso se maneja a nivel nacional, pero que "yo todo lo que puedo hacer, lo hago" y que él entiende que al dueño se le está pagando en tiempo y forma: "A mí me dijeron que no hay demoras", justificó.

El funcionario aseguró que "no es una ocupación ilegal" y agregó que "¿cómo vamos a ser okupas si nunca hemos venido a meternos? Esto se somete a un proceso de licitación y una vez terminado el período de alquiler hay una prórroga. Ahora estamos en una licitación para adquisición de un edificio en pleno centro que está en la última etapa".

Sobre irse, Aranda no lo planteó como una opción resuelta diciendo que "yo no puedo decir cuándo desocuparemos el edificio". Y agregó: "reconozco que es un proceso que no es cómodo para ninguna de las partes".

El funcionario dijo que "por supuesto que hay preocupación", que él personalmente asiste a las audiencias y que mañana llevarán una respuesta que, al momento de la consulta, desconocía. Sobre el futuro de la negociación, aseguró que "no es cómodo para nadie llegar a estas instancias, pero hay que resolverlo. Yo no soy abogado y no puedo decir qué pasará, que lo diga la Justicia, pero no creo que lleguemos a un desalojo. Espero que se resuelva pronto".