La versión de que el giojismo planea avanzar con un pedido de juicio político contra el intendente Rubén García por las demoras en la recategorización del personal cayó mal en el Ejecutivo. Fue el asesor político del jefe comunal, Ricardo Pintos, quien salió al cruce y los acusó de querer "cogobernar". 

El nuevo capítulo en la disputa entre el Concejo Deliberante y el intendente se da por  una demora en la recategorización de los empleados, aunque desde  el Ejecutivo aseguraron que eso se dio porque se  profundizó el relevamiento. 

"Hicimos un relevamiento para regularizar a quienes estaban mal categorizados, firmamos un acto en la subsecretaria de Trabajo y acordamos que desde septiembre iba  estar listo. Esa acta fue enviada al Concejo de donde no volvió, se cumplieron los 20 días y salió por decreto", explicó en Demasiada Información, Pintos.

"El gremio lleva un relevamiento propio al Concejo Deliberante y en lugar de llevarlo al Ejecutivo, los ediles nos intiman a mandar un listado con nombre y apellido de aquellos que serán recategorizados. En la carta orgánica se establece que quien designa personal es el Ejecutivo, por eso en lugar de mandar la lista, le mandamos el decreto firmado", agregó.

"Los concejales deben cumplir la función de concejales y actuar como establece la carta orgánica. Es un cuerpo deliberativo y no ejecutivo, no pueden cogobernar. Todo el tiempo quieren encontrarle algo al intendente para hacerle juicio político", sentenció. 
 

El foco del nuevo conflicto

Desde la comuna indicaron que profundizaron el relevamiento en el personal en condiciones de ascender y la cifra se estiró a 510. Incluso, aseguraron que la tarea fue realizada en conjunto con SUOEM y UPCN. Pese a ello, el concejal Fabián Olguín, presidente de la comisión de Hacienda del Concejo, contó que el gremio municipal elevó un listado propio con los trabajadores y que, en estos días, lo hizo la comuna. Frente a esa situación, el edil dijo que el Concejo envió la lista oficial al sindicato para que la controle. Además, indicó que el legislativo interpeló al secretario de Gobierno, Guillermo Heredia, para que explique la situación sobre las promociones de los empleados. 

En el municipio reconocieron que hubo una demora porque, entre otros motivos, se incorporó más personal en los ascensos, ya que al principio estaban previstas las promociones de la categoría J a la G y se sumaron de la I a la H. Por eso se pasó de 386 a 510 trabajadores. El compromiso había sido que los ascensos se iban a producir en septiembre, pero como el Ejecutivo comunal no llegó, el decreto salió recién este mes, en el que se liquidará la diferencia con el sueldo de octubre, retroactivo a septiembre.